Gustavo Ávila, recientemente designado vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el presidente Luis Arce, fue uno de los vocales que en 201 g fue procesado en el caso "fraude electoral", 15 meses después la Fiscalía resolvió su sobreseimiento.

Gustavo Antonio Ávila, en 2019 era presidente del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, fue procesado como otros de sus colegas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, delitos electorales, falsificación de documentos, manipulación informática, alteración u ocultación de resultados y encubrimiento.

Sin embargo, retornó al Tribunal Electoral Departamental de Tarija en junio de 2021, designado por el presidente Arce, después que él

junto a otros exvocales fueron sobreseídos en el pTaeso en el denominado caso fraude electoral.

Ahora, conformará la Sala Plena del TSE, en reemplazo de Dina Chuquimia, después de haber sido designado por el jefe de Estado

mediante decreto presidencial. Esta tarde sería el acto en la Vicepresidencia del Estado.

De la persecución penal a su sobreseimiento

El Ministerio Público a la cabeza del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ese año, inició la persecución penal tras las denuncias

de fraude y la conclusión de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos, que estableció que existió una

"manipulación dolosa" en las elecciones generales.

Las fiscalías no solo iniciaron de oficio las investigaciones en cada uno de los tribunales electorales departamental y, por separado en

el Tribunal Supremo Electoral, sino que los imputaron y de muchos pidieron su detención preventiva en las cárceles. Los expusieron

públicamente como "autores" del presunto fraude.

Sin embargo, en 2021, tras el retorno del MAS al Gobierno, los exvocales de los tribunales electorales departamentales de La Paz,

Santa Cruz, Beni y Tarija y del TSE fueron sobreseídos de las investigaciones que realizó el Ministerio Público las presuntas

irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

En el caso específico de la Fiscalía de Tarija emitió la resolución mediante la cual absolvió de culpabilidad al expresidente del Tribunal

Electoral Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, y los exvocales Alicia Durán, Zulma Sánchez, Amílcar Gareca, Fermín Rojas y

Patricia Aráoz.

"Por más de ocho, diez meses, diferentes vocales de toda Bolivia han estado en las cárceles del país. Se les ha privado del derecho al

trabajo, se les ha privado del derecho de ver a la familia, sin lugar a ayudas. Nos han presentado como los peores delincuentes en

Bolivia, enmanillados ante toda la población, frente a toda la prensa, como trofeos", dijo Ávila tras conocer el sobreseimiento.

Para el sobreseimiento, el Ministerio Público no tomó en cuenta Ia auditoría de Ia OEA, pese a que éste era vinculante, optó por

considerar solo una pericia a los resultados de las elecciones que hizo el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de Ia

Fundación General de Ia Universidad de Salamanca (España), que concluyó que no hubo manipulación.

El catedrático español Juan Manuel Corchado, de la Universidad de Salamanca, que lideró la pericia y defendió sus conclusiones,

actualmente es investigado por "fraude académico".