Diputados expresaron este miércoles su preocupación por el "silencio cómplice" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no pronunciarse por las altas autoridades judiciales que se autoprorrogaron en sus cargos. Enviaron una solicitud de informe escrito al Órgano Electoral para que defina su postura.

"Estamos lamentando el silencio cómplice que está manteniendo el Órgano Electoral. Por eso, nosotros, como diputados nacionales, estamos presentando una solicitud de informe por escrito", declaró el diputado evista Ángelo Céspedes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las preguntas enviadas al órgano electoral son las siguientes:

1. ¿Emite el TSE alguna resolución de aprobación o rechazo con respecto a la disposición de la sentencia constitucional 049/23 relacionada con los autoprorrogados de mandato de las autoridades judiciales?

2. ¿El TSE entrega credenciales u otro documento legal que respalde a estos autoprorrogados?

3. ¿Cuál es la postura legal del TSE respecto a la disposición de la sentencia constitucional 049/23? ¿Emitió alguna declaración o documento legal con respecto a lo establecido en la sentencia constitucional 049/23?

El mandato de los magistrados venció el 2 de enero y en esa fecha debían posesionarse nuevas autoridades. Sin embargo, debido al fracaso del proceso de elecciones judiciales de 2023, las altas autoridades judiciales extendieron sus mandatos hasta la elección de nuevas autoridades, extendida por ellos mismo. Esta medida fue calificada como ilegal por la oposición y el ala evista del MAS.

"Queremos alertar al pueblo boliviano que, si el TSE emitió alguna manifestación, resolución o declaración a favor de los autoprorrogados, cometieron un delito. Si se demuestra esta irregularidad mediante nuestra solicitud de informe por escrito, iniciaremos las acciones penales correspondientes", afirmó el diputado Céspedes.

La semana pasada, el Senado aprobó una resolución camaral en la que desconoce a todos los magistrados autoprorrogados, advirtiéndoles que sus acciones son nulas a partir del 2 de enero y que podrían enfrentar procesos judiciales. También se señaló que la prolongación de sus mandatos causó un daño económico al Estado de al menos un millón de bolivianos por el pago de salarios de dos meses.