El gobernador electo Luis Fernando Camacho fue notificado con la orden de su traslado de la cárcel de Chonchocoro a la ciudad de Santa Cruz, donde el 11 del presente mes asistirá a una audiencia presencial por el caso Decretazo. La defensa de la autoridad cruceña informó que solo falta fijar el día del viaje, que será coordinado por la Policía Nacional y Régimen Penitenciario.

“Se ha notificado con la orden de traslado al director (de la cárcel) de Chonchocoro (Marco Gonzales Prado) y al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca el 26 de marzo, a las 11:30 y no existen ningún impedimento jurídico para incumplir con esta orden judicial”, informó Martín Camacho, abogado del gobernador electo a El Deber.

El jurista informó que las autoridades notificadas deben trasladar a Camacho en custodia de los encargados del penal de Palmasola en Santa Cruz. “La Ley 2298 establece que se debe notificar con 24 horas de anticipación, se lo ha hecho con más de dos semanas y no existe ningún impedimento jurídico, ningún impedimento legal para que se pueda cumplir y se deba cumplir”.

También remarcó que la Ley obliga a los directores de los centros penitenciarios a trasladar a los reclusos o a los privados de libertad a las audiencias convocadas por autoridades jurisdiccionales.

Además, el abogado Camacho informó que el juicio oral está programado para que empiece el 11 de abril y que el Ministerio Público ya notificó a todas las partes, e incluso a los 17 testigos del caso Decretazo.

Respecto a las posturas de las autoridades dependientes del Ministerio de Gobierno, que ponen en duda el traslado, la defensa de Camacho contempló que estas son declaraciones políticas y subrayó que el ministro Eduardo del Castillo y el viceministro Jhonny Aguilera no son parte querellante o acusadora en este proceso.

“No se trata ni siquiera de un delito de corrupción, por lo tanto, ni la Procuraduría ni el Viceministerio de Transparencia tienen legitimación activa y eso ya lo ha definido el Tribunal de Sentencia. En este entendido, las declaraciones que puede hacer el señor Eduardo del Castillo son meramente enunciativas y lo único que hacen es perseguir un trasfondo político”, apuntó.

El abogado Camacho cuestionó que autoridades del Ejecutivo quieran pasar por encima de la Ley 2298 y de la Constitución Política del Estado, incluso por encima de un tribunal de sentencia.

BD/RED