Durante las dos jornadas y en tres mesas de trabajo, los participantes expusieron sus experiencias de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios e indígenas, expusieron los daños que sufren las comunidades por la explotación de empresas mineras que están mermando el agua dulce y, por ende, generando una degradación profunda de los ecosistemas en cada uno de los territorios donde se explota litio.

«Los daños de la explotación del litio en Chile y Argentina son enormes contra la biodiversidad», refiere el boletín de prensa. Y, en esa misma línea, los líderes del Consejo de Gobierno de la Nación de Lípez, de Bolivia, explicaron su indignación por la falta de cumplimiento de la consulta previa, tanto para el emplazamiento del complejo industrial evaporítico (de litio) en Lliphi, como por los impactos de la perforación de 11 pozos para el funcionamiento de la fábrica.

Expresaron preocupación por la vigencia y aplicación del Decreto Supremo 2311: «Perímetro de salares y lagunas saladas», que delimita las áreas reservadas para el Estado, más allá de la costra salina de los salares, afectando a los bofedales y áreas de pastoreo de las comunidades.

En ese sentido, indicaron que es necesario que el Comité de seguimiento a la implementación de la Convención RAMSAR, verifique in situ las lagunas, los salares y bofedales que han sido declarados sitios Ramsar (humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar). Esa instancia debe evaluar la situación de los ecosistemas en todos los territorios, «ya que los tres Estados informan solamente de avances normativos y no de los riesgos a los que están expuestos».

Asimismo, cuatro líderes de la Nación Chichas, la Nación Qhara, de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Campesinos de Áreas Protegidas (Contiocap – Tariquía) explicaron los serios impactos que viven las comunidades indígenas y campesinas, producto de la contaminación minera e hidrocarburífera en Bolivia.

Es por ello que, en el punto segundo del pronunciamiento, reivindicaron su firme exigencia de que se cumpla la «consulta previa, libre e informada, en ámbito a las formas de vivencia de cada territorio en consentimiento al derecho internacional, OIT convenio 169 y demás normativas vigentes, que garantiza la vida de los pueblos ancestrales de Latinoamérica».

También exigieron a los gobernantes respeto a la tierra y territorio, recursos naturales, el derecho a la vida, al medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos aborígenes, indígenas originarios, pueblos organizados en defensa de la vida, ya que «el agua es un derecho vital y no así un recurso natural explotable».

Finalmente, en los dos puntos finales se declararon en emergencia y asamblea permanente en vigilia ante toda forma de vulneración de sus derechos, exigiendo que se garanticen los derechos y la integridad de los defensores ambientales.