Tras conocer la imputación por instigación pública a delinquir, por denunciar un presunto fraude electoral en 2019, el ingeniero informático Edgar Villegas se declaró “perseguido político” y denunció que se busca criminalizar la libertad de expresión en Bolivia. Sin embargo, la Fiscalía negó que exista persecución política y justificó la demanda.

“Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Lo que están buscando es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia. Eso no es contra Edgar Villegas, esto es contra toda la ciudadanía”, sostuvo el profesional en conferencia de prensa.

Agregó que con esta medida se busca evitar que se denuncien los hechos de corrupción, fraudes y otras irregularidades.

En esta perspectiva, Villegas dijo: “Quiero declararme ante la comunidad internacional como perseguido político en mi país”.

Negativa y justificación

La coordinadora de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda Calle, señaló que no existe ninguna persecución política contra Villegas, que existe un debido proceso y que la demanda se lleva con objetividad y transparencia.

“Como Ministerio Público nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios iniciamos la investigación como en este caso, en el que se están respetando los derechos y garantías del sindicado como de cualquier otra persona. No puede ser una persecución política, no se ha aprehendido a nadie injustamente, no se vulneró derechos ni garantías, mucho menos se ha emitido una sentencia ejecutoriada sin un debido proceso”, dijo la coordinadora

 Demandante

El diputado Renán Cabezas, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), promueve la demanda. Según Villegas, el denunciante sólo busca rédito político y congraciarse con su jefe Evo Morales.

El informático y activista aseveró que “aunque encarcelen a la mitad del país, no van a lograr cambiar la historia. Hemos vivido en carne propia, nadie nos ha contado. La verdad es única e inmutable”, sostuvo.

El Ministerio Público cerró el caso de fraude electoral con base en una pericia privada de la Universidad de Salamanca de España, pero dejó de lado el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).