Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, los puntos preocupantes son aquellos relacionados con la conflictividad social y la polarización política en Bolivia, así como el debilitamiento de la institucionalidad democrática, caracterizada por una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del sistema

Judicial

Además, subrayó la necesidad de abordar la crisis judicial, que se refleja en la falta de cobertura adecuada de servicios judiciales, la retardación de justicia y la ausencia de protección efectiva de los derechos humanos por parte del sistema judicial.

Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, expresó su satisfacción con los resultados del informe, aunque advirtió que aún queda mucho por hacer.

“Compartimos este informe, pero hay que seguir trabajando. Pese a tener la Constitución Política más avanzada de Latinoamérica, necesitamos más recursos para que los mecanismos de protección garanticen los derechos humanos”, añadió.

Avances y desafíos

La activista de derechos humanos Julieta Montaño también expresó su satisfacción sobre el informe y los avances. Sin embargo, manifestó su preocupación por que la comisión no profundizó en la falta de transparencia y corrupción que existe en Bolivia.

Consideró que el Gobierno debería preocuparse porque el informe de la CIDH menciona que en Bolivia no se respeta la independencia de poderes, que el sistema de justicia está debilitado y critica su postura hacia el ejercicio periodístico.

Por su parte, Rivera advirtió sobre una falta de profundidad en las investigaciones de la convulsión social de 2019 realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la CIDH, señalando la omisión de víctimas y otros eventos relevantes en el análisis.

“El Gobierno logró instalar su propia narrativa en organismos internacionales. Era de esperar que pudiesen escuchar también más ampliamente a las víctimas de este lado y no sólo del otro”.

Acciones

Rivera dijo que la transformación debe comenzar con un diálogo nacional convocado por el presidente Luis Arce, la eliminación de los discursos confrontativos del oficialismo y la oposición, resolver la crisis judicial y llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución para rediseñar el sistema judicial, incluyendo modificaciones en la selección, designación, evaluación y permanencia de jueces y magistrados.

“Sería importante que el día que estemos votando para elegir magistrados, también estemos votando para aprobar o rechazar esa reforma constitucional que sea la base para una transformación estructural de la justicia”, añadió Rivera.

Montaño coincidió con Rivera en la necesidad de un cambio estructural del sistema de justicia en Bolivia y concordó en que los actores políticos y líderes de opinión oficialistas y de oposición deben cesar con su discurso de odio si realmente desean promover una sociedad igualitaria.

“El Estado debe dejar de representar a una parcialidad política y acordar el cambio de la justicia para que sea transparente e independiente”, añadió Montaño.

Informe

El informe de la CIDH contiene 15 conclusiones y 32 sugerencias. El reporte destaca los avances en derechos humanos desde la nueva CPE, pero también indica varios desafíos y temas pendientes en temas de derechos de pueblos indígenas, de población LGTBI, lucha contra la violencia a mujeres, polarización, debilidad institucional, efectos de políticas extractivistas, libertad de expresión, independencia y reforma judicial y los temas pendientes de la crisis de 2019.

SEPA MÁS

José Antonio Rivera

“Bolivia no tiene una norma que asigne presupuesto mínimo para cubrir las necesidades del Órgano Judicial”

Julieta Montaño

“Para la CIDH tenemos una Constitución completa, pero el empapelamiento de normas no se refleja en la realidad”

Edwin Claros

“Encontramos satisfactorio el informe, pero hay muchos desafíos estructurales por abordar”