¿Cuál su opinión sobre la decisión del relator de la CIDH?

El relator no llegó a Bolivia porque no tenía nada que hacer o a tomar una taza de café con los dirigentes de la oposición o pensando que con la oposición es con el único sector con el que tenía que reunirse. 

El relator, en una demostración de absoluta seriedad e imparcialidad, llegó y tomó contactos y realizó reuniones, tanto con los que reivindican el resultado del 21F de 2016, como con los que defienden la plena y absoluta vigencia de la sentencia constitucional del 28 de noviembre de 2017, cuando el TCP habilitó a todas las autoridades nacionales y subnacionales a presentarse a la reelección, de tal manera que sea el pueblo con su voto el que los deje ejerciendo la función o sencillamente los separe del ejercicio de esa función.

El relator ha actuado en apego a las normas de la CIDH y de su propio reglamento al señalar que no hay ninguna justificación para tomar medidas cautelares, porque las medidas cautelares se toman por otras razones distintas a las que plantearon los abogados y políticos de la oposición. Ahí hubo un error muy grande de la oposición y tendrán que ver internamente qué es lo que ha pasado.

Las medidas cautelares se toman a favor de alguna persona que después de haber agotado todas las instancias dentro de su país, se considera que hay un daño irreparable o una amenaza de daño irreparable al derecho o  varios derechos de una persona en concreto. Por lo tanto, en esos casos concretos es cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide si hay o no fundamento en la denuncia, para seguir con el proceso y dictar medidas cautelares. Ese ha sido un error procedimental que ha cometido la oposición, particularmente el doctor Alarcón (Carlos) y algunos dirigentes de Unidad Demócrata, que fueron los primeros en pedir medidas cautelares. 

¿Qué sucede en esas circunstancias?

Normalmente lo que ocurre es que llega el relator a la sede de la CIDH (en este caso José Eguiguren) y empieza a elaborar su informe, que le tomará tiempo. No es como quiere la oposición para la subsiguiente semana, para que el informe pase a consideración de los nueve miembros de la Comisión. Ahí apoyan por unanimidad el informe o votan. Pienso que la elaboración y luego consideración del informe tomará su tiempo, quizá hasta marzo del próximo año.

Los miembros de la CIDH analizarán si aquellas medidas cautelares que se plantearon equivocadamente corresponden o no a una situación de un gobierno dictatorial, porque ese es otro tema en el que la oposición se ha equivocado. La oposición ha planteado que en Bolivia hay una dictadura y entonces cuando uno lee no sólo la normativa de la CIDH, su reglamento, sino incluso la propia Carta Democrática Interamericana de la OEA, que sólo se activa cuando se han violado las precondiciones de un orden democrático: cero libertad de expresión y libertad de prensa, cero libertad de asociación, cero independencia de poderes, incluso la existencia de poderes (cerrar congreso, órgano judicial, órgano electoral) y el pluralismo político, entre otros.

Pero cuando el relator de la CIDH viene y ve que las plataformas van libremente y sin restricciones a actos donde está el Presidente y el Vicepresidente, lo que menos piensa es que hay una dictadura. Las plataformas, aunque sean poquitos, van y hacen ruido, y no se toman medidas de ninguna manera contra estas plataformas, es una prueba de la vigencia de la democracia. Cuando al relator le golpean la mesa y le quieren obligar a firmar un pronunciamiento contra Bolivia, no hay mayor prueba de la plena vigencia de la democracia en Bolivia y llega a la conclusión de que es normal que en democracia haya disensos, que es normal que en democracia haya gente que opine de una y otra manera, y que desplieguen acciones en una u otra dirección.

Políticos de oposición pidieron la excusa del relator para Bolivia de la CIDH. ¿Qué puede ocurrir en este caso?

Si ellos piden la excusa del relator, entonces la CIDH en algún momento tendría que decidir si acepta o no la solicitud de excusa; y si la acepta, designar a otro relator.

Recordemos que los primeros pedidos de intervención de la CIDH fueron entre los meses de septiembre y octubre del año pasado, antes de la sentencia del TCP. Han pasado cerca de 10 meses. Eso quiere decir que, hipotéticamente excusando al relator, el próximo relator vendría a principios de 2020, o sea después de las elecciones. Eso demuestra cero estrategia en la oposición.

Las reacciones de la oposición contra el relator, que vemos en tuit y declaraciones, demuestra desesperación, angustia e insatisfacción de deseos no logrados; y el deseo no logrado fue que el relator venga a Bolivia, se reúna solo con la oposición, con sus partidos, con sus plataformas y con algunos periodistas que están claramente identificados con la oposición, salga del país y haga un informe unilateral para condenar la “dictadura” de Morales.  

¿Qué significan las palabras que manifestó el relator de la CIDH en su visita a Bolivia?

Se ha ratificado la vigencia plena de la democracia en el país. A mi juicio, este es más que un triunfo de Evo Morales y el Proceso de Cambio para convertirse en un triunfo de la democracia en Bolivia, porque lo que se hace es ratificar la validez absoluta de la Constitución y además la validez de la propia Convención Americana. Un pronunciamiento contrario del relator hubiera sido demasiado preocupante para la democracia en América Latina.

¿Qué opina sobre las declaraciones de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga Ramírez, además de Waldo Albarracín, tras reunirse con José Eguiguren?

Preocupan las declaraciones de los señores Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y el señor Albarracín, quienes de manera absolutamente irresponsable señalan que este país se va a convulsionar si no hay un respeto al 21 de febrero y si Evo Morales es candidato.

Esa es una convocatoria a la violencia, a la violencia que la oposición sigue desarrollando en Venezuela sin resultado, y a la violencia desatada contra Nicaragua, también sin resultado.

Sería muy grave que estos personajes, creo no tienen los pantalones como para ponerse al frente de una movilización de esa naturaleza, sigan haciendo una convocatoria de ese tipo.

Al parecer, quieren generar un estado de convulsión, de tal manera que la gente llegue a la conclusión de que Evo Morales no es la garantía de la estabilidad económica ni de la estabilidad política. Todos sabemos que con Evo el país goza de estabilidad política y económica, que son dos factores que explican, entre otros, el desarrollo del país.

Llama la atención que, de manera inconstitucional, quieran que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre algo que no ha ocurrido, pues no hay ningún cronograma electoral en marcha.

Lo que hacen es simplemente poner en su cabeza la teoría de los juegos, es decir, que si Evo se postula, va a destruir la democracia, esa es una suposición; si Evo Morales se queda, cerrará los medios de comunicación, esa es otra suposición pues no hay nada que indique que actuará en esa dirección; ahora dicen que si el Órgano Electoral, cuando se inscriba Evo Morales, no le niega la participación, entonces habrá un paro nacional y habrá convulsión en el país. Como ven, la oposición sólo amenaza, especula y quiere provocar miedo en la gente.

¿Qué hacer ante esto?

Los movimientos sociales tienen que tener la capacidad de organización, de unidad y de movilización, que es lo que ha permitido derrotar las intenciones antidemocráticas de 2008 y 2009; es decir, la capacidad organizada y movilizada de los movimientos sociales, de los ciudadanos de capas medias patriotas que saben que este país ha cambiado radicalmente, con errores y equivocaciones, pero ha cambiado, será la que defienda la democracia asediada por la oposición. 

La mayor parte de la población sabe que ya no tenemos un país o Estado inquilino ni colonial, subordinado, sumiso o sin justicia social. Por eso será el pueblo, junto al Gobierno y con la aplicación de las leyes, el que evite que estas amenazas de la derecha pongan en peligro la vigencia de la democracia.

Si alguien quiere sentar condiciones para la ruptura del orden democrático, es la oposición.  

¿Qué debe hacer la oposición?

Creo que la oposición lo que tiene que hacer más bien es presentar algo nuevo al país y asumir que hay respeto al resultado del 21F, porque el artículo 168 no se ha modificado, pero al mismo tiempo que hay una Constitución, que la aprobamos todos los bolivianos, que en su artículo 256 establece el derecho preferente en materia de derechos humanos. 

Esta Constitución, sólo en caso de materia de derechos humanos, y los derechos políticos son parte de los derechos humanos, se subordina a los Tratados Internacionales y esa ha sido la base de la sentencia del TCP.