Indígenas de Oruro y Potosí, reunidos en un encuentro por el derecho al agua y a la salud frente los impactos mineros, elaboró una carta que fue leída ante una representante de la relatoría para los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusan al Estado boliviano de no estar asumiendo medidas ante la evidencia de que los pobladores tienen metales pesados en sus cuerpos.

“El Estado boliviano, teniendo el conocimiento de que existe evidencia de presencia de metales pesados en el cuerpo humano de niños, niñas, mujeres, hombres, no está asumiendo medidas en políticas de salud, vulnerando nuestro derecho a la salud”, indican los indígenas en la carta simbólica que está dirigida a Mishkila Rojas, integrante de la relatoría, quien compartió de forma virtual en el encuentro.

En ese marco, señalan que en el país se registra “ausencia de normativas y políticas públicas sobre planes especializados multisectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas”.

Previamente, según CENDA, comunarias de Cantumarca de Potosí encargaron un estudio a un laboratorio independiente, en el que se estableció la presencia de metales pesados en la sangre de 120 pobladores, de los cuales, el 85% presenta plomo. Además, el 90% de los niños sometidos a esta prueba reportaron la presencia de este metal tóxico en su organismo.

Lo propio ocurre con los habitantes del ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro, quienes establecieron, mediante pruebas de laboratorio, la existencia de metales tóxicos como arsénico, plomo y cadmio, que superan los estándares internacionales.

Durante el encuentro, la presidenta de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), Margarita Aquino, dijo que las comunarias son las más afectadas por la contaminación minera.

“La minería ha contaminado nuestra tierra, nuestra agua, y ahora han afectado nuestra salud. Mujeres, todas digamos cómo nos sentimos, cómo nos está afectando en nuestras comunidades”, dijo.

Frente a esta situación, los participantes decidieron promover la articulación de los pueblos afectados, a fin de generar un movimiento único para exigir la restitución de sus derechos constitucionales.

Establecieron la necesidad de activar mecanismos de denuncia a nivel internacional, como es la CIDH, ante, aseguran, la ausencia de un Estado garante de derechos.

El encuentro por el Derecho al Agua y Salud Frente a Impactos Mineros se desarrolló el 26 de marzo en Oruro, con el propósito de promover acciones conjuntas entre organizaciones afectadas.

Participaron representantes de los ayllus San Agustín de Puñaca y el de Quellia, de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó, las lideresas de la Red de Mujeres Organizaciones Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, del Centro de Apoyo a la Educación Popular de Oruro, la Escuela de Líderes Ambientales, comunidades Urus, Huayña Pasto Grande, centrales regionales de Sora Sora  y bases de las comunidades de Cantumarca, del Concejo Municipal de Potosí, entre otras organizaciones afectadas por la contaminación minera.

“Es importante este tipo de encuentros, porque nuestro territorio está contaminado. La contaminación era en nuestras tierras, en nuestras aguas, y ahora está en nuestra salud. Debemos todos buscar ideas para solucionar”, dijo la autoridad máxima del ayllu Puñaca, Tata Mallku Abel Machaca Yugar.

Además, el encuentro contó con la presencia de integrantes del pueblo indígena Weenhayek de Tarija, quienes compartieron su experiencia de recolección de evidencia de contaminación en el río Pilcomayo y denunciaron la rotura de un dique de colas de residuos mineros. Indicaron que la respuesta del Estado una vez más es rechazar la realidad pidiendo “comprobar dicha contaminación”, que es un patrón de vulneración de derechos ante las acciones de defensa territorial y ambiental.

Asimismo, participaron técnicos y pobladores de comunidades afectadas del Perú, quienes compartieron sus experiencias de articulación de población intoxicada por la minería, así como sus logros en cuanto al desarrollo y normativa peruana lograda gracias a acciones de denuncia.

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