Frente a la continuidad del debate en torno al posible impacto del traslado de personas a regiones de origen en áreas rurales durante el reciente Censo de Población y Vivienda, Panamericana recabó evaluaciones diversas fundamentadas por sus protagonistas.

El abogado y exparlamentario Carlos Bohrt, citó algunas de las razones que podrían generar el interés de autoridades municipales para persuadir a su población a retornar temporalmente.

Sobre este punto, puso énfasis en el modelo de distribución de ingresos fiscales a los gobiernos territoriales, y advirtió que la solución debe ser estructural.

Así también, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, se refirió a las proyecciones económicas y remarcó que el “acarreo” de gente a zonas alejadas podría reflejar una imagen irreal de la situación boliviana y profundizar el debate sobre la coparticipación tributaria.

Por ello, subrayó la importancia de que el gobierno y el INE actúen con transparencia y permitiendo el acompañamiento de la sociedad a fin de despejar dudas.

Precisamente sobre la fiscalización de organismos internacionales y nacionales, la representante de la Plataforma Alianza Ciudadana por la Observación de la Democracia, Sandra Verduguéz, anunció que esta entidad solicitará hacer un seguimiento a la sistematización de datos.

Empero, el analista político Wigmar Vargas, discrepó con algunos criterios previos y manifestó que si bien fue evidente el traslado voluntario de muchos ciudadanos en cercanías al censo, la magnitud no es suficiente como para alterar significativamente los porcentajes finales.

A su parecer, el verdadero motivo de preocupación debería ser la politización del empadronamiento y las especulaciones sobre el uso de datos obtenidos.

La exhortación a esperar información oficial y no apresurar conjeturas fue compartida por el diputado de la alianza Creemos, José Carlos Gutiérrez, quien pidió prudencia antes de emitir conclusiones prematuras.

Finalmente, el analista Martín Moreira opinó que la migración del campo a la ciudad es un tema complejo y delicado que amerita una evaluación de autoridades y sociedad civil, dado que contempla aspectos de inversión pública y privada, entre otros.

En todo caso, aseguró que el censo 2024 se desarrolló el marco de la legalidad y cumplió con las expectativas de todos los bolivianos.