El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, afirmó este lunes que se espera que se resuelvan las diferentes impugnaciones presentadas por el llamado ‘caso Decretazo’ antes de que Luis Fernando Camacho - encarcelado en el penal de Chonchocoro- tenga que presentarse de manera presencial en su audiencia oral, programada para el 11 de abril, en la capital cruceña.

“Ese proceso, desde nuestra perspectiva como Gobierno, no ha seguido un debido proceso y hemos presentado los recursos para impugnar esa decisión”, dijo el ministro este lunes.

La audiencia por el caso, primero, estaba fijada para el 11 de marzo. Para ese día, el Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz dispuso que el encarcelado gobernador de Santa Cruz – que no cumple funciones-, Luis Fernando Camacho, sea trasladado desde el penal de Chonchocoro de La Paz a la capital cruceña para estar de manera presencial en la audiencia.

Empero, por falta de garantías, la orden judicial no fue cumplida y el juzgado decidió postergar la audiencia para el 11 de abril, fecha en la que Camacho debe estar presente de manera presencial.

Sin entrar en detalles, el Ministro de Justicia explicó que sobre el caso existen varias apelaciones presentadas, como por ejemplo la referida que asambleístas nacionales, asambleístas departamentales y a la Procuraduría General del Estado no fueron notificados sobre las audiencias del proceso.

Ya antes del 11 de marzo, Régimen penitenciario y el Ministerio de Gobierno alertaron que el traslado de Camacho puede generar convulsión social en Santa Cruz y revelaron que los reos de Palmasola emitieron un voto resolutivo en el que rechazan que el Gobernador cruceño sea llevado a ese recinto penitenciario.

Caso “Decretazo”

Luis Fernando Camacho fue investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.

En dicho decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Fue hasta octubre de 2023, que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.