Basado en las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística al 2022, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Nuñez, señaló que el Censo de Población y Vivienda que se realiza hoy podría mostrar que solo 55 de los 330 gobiernos municipales que tiene Bolivia se beneficiarán de un incremento en la asignación de la coparticipación tributaria.

“Solo 55 municipios tendrán más recursos en base a la coparticipación tributaria. Se hizo un cálculo. El censo del 2012 nos dio más de 10 millones de población, el censo nos dará otro dato, seguramente vamos a superar los 12 millones. Esa es la proyección, entonces, hay un crecimiento del 19.3% a nivel nacional”, explicó Nuñez.

De acuerdo con la explicación del especialista, ese dato, es decir el 19.3%, es referencial para la aplicación de un incremento en la asignación de coparticipación tributaria en los gobiernos municipales. En otras palabras, solo los municipios que han tenido un crecimiento de igual o superior a aquel dato podrán beneficiarse de mayores recursos.

Considerando aquellos datos, la Fundación Jubileo hizo un análisis sobre la proyección de crecimiento o disminución poblacional en los diferentes municipios del país. Y el resultado es de que solo 55 gobiernos municipales se beneficiarán de un incremento de recursos. Por ejemplo, ese sería el caso de la ciudad de Sucre que el 2012 tenía una población de 261.201 habitantes, mientras que para el 2022 llegó a tener 360.544, es decir una variación positiva de 38%.

Las mismas proyecciones realizadas por el INE señalan que la ciudad de El Alto contaba con 848.452 en el censo 2012 y que para el 2022 llegó a 1.109.048 habitantes, lo que significa una variación positiva de casi el 31%.

¿Qué ocurre con el municipio de La Paz? El 2012 llegó a tener una población de 766.468 y la proyección para el 2022 señala un universo de 95.732, lo que significa un aumento del 24.8%. Y el caso de Santa Cruz de la Sierra es significativo, porque en el anterior Censo llegó a tener 1.454.539  habitantes y la proyección para el 2022 señala 1.903.398, una variación positiva del 30.9%.

Ahora bien, qué es lo que pasa con los otros municipios que pierden población. Para citar algunos ejemplos se puede mencionar a Chulumani, de Sud Yungas, que el 2012 tenia 17.823 habitantes y para el 2022 bajó a 17.501 personas.

O es el caso de Laja, en la provincia Murillo, que el 2012 contaba con 24.531 habitantes y para el 2002, su proyección indicó 17.670 personas.

A la disminución de recursos por coparticipación tributaria se suma el declive en los ingresos por el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que han mermado como efecto de la situación con el gas natural.

“El problema es que los gobiernos municipales se enfrentan a una dura realidad, tenemos municipios con menos de 5 mil habitantes, con menos de 10 mil habitantes que recibirán recursos en pequeña proporción, que apenas les alcanzará para el funcionamiento”, dice Nuñez.

Según la explicación del especialista, casi el 60% de los municipios ven disminuidos sus ingresos por concepto de IDH, lo que ocurre desde el 2014, a lo que se suma que solo algunos gobiernos municipales, como los de las capitales, tienen la capacidad de generar recursos propios por conceptos de impuestos al inmueble, vehículos y patentes. “Estamos en una situación crítica”, apunta.

En ese contexto, se ha producido en las últimas horas el traslado de miles de personas hacia las comunidades rurales o las pequeñas ciudades intermedias, con el fin de disimular la caída en la población.

“Las autoridades originarias, los dirigentes y hasta los alcaldes presionan para el retorno de la población en el día del Censo para no perder recursos, pero más allá de eso, los gobiernos municipales se enfrentan a una dura realidad”, lamenta.

El Censo lo que está demostrando es que el Estado ha generado una excesiva presión sobre el concepto de distribución de tributos de acuerdo a la población municipal. Eso es lo que provoca los viajes de las últimas horas o, como otros lo han llamado, acarreo de personas.

“Este es un problema complejo, porque también hay problemas donde esa gente reside, tenemos escuela que estarán saturadas porque el dato del Censo no es igual al de la realidad. Esa es la otra cara de la medalla, por eso la preocupación de El Alto y Santa Cruz”, añade.

En ese marco, Nuñez propone que se instale el debate para adoptar medidas que permitan un mejor desarrollo local, que pongan sobre la mesa la cuestión del desarrollo en el área rural y la necesidad de lograr el Pacto Fiscal, incluso una reforma de la Constitución Política del Estado.