Si los resultados del censo son publicados de forma oportuna, tanto la Constitución Política del Estado como dos leyes habilitarían cambios en la distribución del total de escaños entre los departamentos y el llamado pacto fiscal o distribución de recursos de coparticipación tributaria. En el primer tema, debe ser un proyecto de ley que genere la nueva distribución de escaños a ser tratado y aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el segundo tema se aplicará la Ley Nº 1492, sin mayores modificaciones.

Los datos del Censo no modifican la elección de 130 diputados, sino la distribución al interior de estos escaños parlamentarios; según la CPE, en cada departamento se elige la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales, la otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales; si el número es impar, “se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”.

La ley de distribución de escaños entre departamentos, Ley Nº 421, en 2013, realizó la siguiente distribución: 63 escaños uninominales (48,46%), 60 plurinominales (46,15%) y siete escaños de circunscripciones especiales indígenas (5,38%). En esa oportunidad (2013) no se cumplió al 100 por ciento lo estipulado por la norma constitucional ya que debió elegirse a nueve diputados especiales indígenas (incluyendo los del departamento de Potosí y Chuquisaca) y no siete como son ahora.

Con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 será abrogada la Ley Nº 421 y los tres departamentos del eje central, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz pasaran, según mi estimación, de tener el 58% de la representación parlamentaria al 63% o más. Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando juntas tendrán el 47% de los escaños parlamentarios o mucho menos.

En la audiencia que dio el vocal Francisco Vargas y varios funcionarios del TSE al Conade (21 de febrero del 2024), se realizó un análisis profundo de las circunscripciones especiales indígenas y particularmente de la forma como los ciudadanos acuden a votar en “mesas electorales mixtas”, sin ningún documento o mecanismo que permita acreditar “su autoidentificación”.

De esta manera, además del registro del censo de la población que se autoidentifica como indígena y del cumplimiento de los requisitos del artículo constitucional 146: “VII. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional” (CPE), el Órgano Electoral Plurinacional deberá determinar –esta vez– si las circunscripciones especiales llegaran a ser nueve, siete o incluso menos, debido a que los escaños parlamentarios sufren la inclemencia del crecimiento-decrecimiento poblacional. En el caso de los pueblos indígenas, su autoidentificación viene decreciendo en las últimas mediciones censales, tema que no abordaré a detalle en esta oportunidad.

Ahora bien, habrá grandes novedades en la distribución de escaños parlamentarios, en el marco de la norma constitucional y la nueva Ley de distribución de escaños entre departamentos.

En cuanto al “pacto fiscal”, es importante remitirse a la norma. El 2 de diciembre de 2022 se promulgó la Ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral, Ley Nº 1492, que establece lo siguiente:

“Artículo Único.

I. En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024” (Ley Nº 1492, las negrillas son mías).

Ergo, el Gobierno de Luis Arce realizará la distribución de recursos bajo criterio propio; seguramente convocará al Consejo Nacional de Autonomías para validar dicha nueva distribución. Al margen de este procedimiento no perfilo un gran encuentro nacional para debatir el tema y llegar a consensos y mucho menos con los representantes individuales de municipios, gobernaciones y universidades. La correlación de fuerzas entre los actores del conflicto por el censo durante el año 2022 ha terminado favoreciendo absolutamente al Gobierno y por ello no creo que existan voces serias, representativas y autónomas que vayan a reclamarle una distribución más equitativa de recursos.

El “pacto fiscal” ha quedado en manos del Gobierno, no ahora o fruto del censo, sino desde diciembre de 2022.