La distribución de recursos de los impuestos nacionales, entre los gobiernos subnacionales, por cantidad poblacional, fue la regla establecida por la Ley de Participación Popular de 1994 (abrogada en 2010). Esa forma fue superada por la Constitución (CPE) de 2009, sustituyéndola por el de proporcionalidad (art. 323) con las necesidades de calidad de vida, la carga de competencias asignadas a los gobiernos y la capacidad de recaudación de estos.

La proporcionalidad con las necesidades de calidad de vida se basa en el principio de equidad (CPE, arts. 8.II y 270), que no es lo mismo que igualdad. Esta última se constituye en la finalidad, mientras la equidad, en el método para lograrlo. Bajo ese criterio, es función del Estado “promover políticas de distribución equitativa de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones” (CPE, arts. 316.7, 306.V y 313).

Respecto de la asignación de recursos proporcional a la carga de competencias de los gobiernos, la CPE manda que toda competencia asignada, transferida y delegada esté “acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio” (art. 305).