Representantes de las Veedurías Ciudadanas de cuatro países, se reunieron de forma virtual la mañana del 19 de marzo para intercambiar experiencias respecto a las observaciones aplicadas en diferentes procesos en Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia. En la ocasión se evidenció que en otros países existe normativa legal y legitimidad para ese cometido, sin embargo, en Bolivia aún no hay mecanismos adecuados para el reconocimiento, fiscalización y control social que intenta ejercer la ciudadanía.

El representante de Transparencia Argentina, Leandro Querido, sostuvo que ya transcurrieron 10 años desde que empezaron a trabajar en las veedurías en su país, sin embargo, hay experiencias más avanzadas en otros países. En ese sentido, indicó que su organización trabaja con más empeño en fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que ejerza sus derechos en estos contextos.

«Hay algunos países que se han apropiado positivamente de la herramienta de la observación electoral y han impulsado reformas propositivas para que la normativa electoral integre a esta idea ruidosa de la observación electoral ciudadana, ya sea nacional o internacional. Hay países que tienen gran compromiso con la observación electoral, vemos que la ciudadanía se ha organizado en países como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, República Dominicana, donde la observación, en líneas generales, se ejerce sin ningún tipo de restricción o inconveniente», sostuvo Querido.

En contraste, señaló hay países donde aún se percibe a la observación electoral como una amenaza y más pareciera que es un control exclusivo de los partidos políticos.

En el caso de Colombia, el expositor Diego Rubiano contó que la Misión de Observación Electoral Colombia (MOEC) ya tiene 18 años de vida, tiempo en el que hicieron seguimiento a distintos procesos a pesar de los contextos de violencia desde hace más de 50 años.

Contó que en sus inicios, al no existir una norma específica que los respaldara en la labor de observación electoral, decidieron apegarse de forma estricta al artículo 40 de su Constitución Política, que establece que la ciudadanía puede estar vigilante o participar en sus procesos de elección para hacer «observación en calle, dicho coloquialmente». Así se llevó a cabo el primer ejercicio de observación electoral en las elecciones presidenciales y del Congreso en 2006. Asimismo, contó que frente a los contextos de violencia, decidieron crear el mapa de riesgo electoral, una herramienta que fue de mucha ayuda.

Simón Jaramillo, de la Corporación Participación Ciudadana Ecuador, explicó que en su país la participación ciudadana nació el año 2001, y a partir de allí realizaron veedurías a diferentes procesos, especialmente electorales. Refirió que no es fácil hacer veedurías, pues muchas veces se encuentran con autoridades, locales y nacionales, reacias a estas observaciones. «No nos facilitan información, con el intento de censurar los informes (de las veedurías)», sostuvo. No obstante, el trabajo que realizan como veedores es constante y le hace frente a ese tipo de adversidades.

La de Bolivia es una de las experiencias más nuevas. Las Veedurías se crearon para hacer observación al proceso electoral del año 2020, pero la tarea no ha sido fácil, puesto que no existe una norma legal específica que ampare estas iniciativas. Por ahora, se respaldan en la Ley de Participación y Control Social, explicó la veedora Sandra Verduguez.

En la actualidad observan el proceso del Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la selección de candidatos para las elecciones judiciales. «Las comisiones de la Asamblea Legislativa encargadas de este proceso, como está ocurriendo ahora, no están acostumbradas a la fiscalización, al control social de la ciudadanía, hay muy poco acceso a la información y eso perjudica cualquier intento de veeduría. Si no hay información es muy difícil hacer veedurías», dijo.

Verduguez lamentó que, a pesar del trabajo que realizan para generar mayor transparencia en el país, sus aportes como sociedad civil aún no sean considerados.

Durante el evento, los expositores fueron enfáticos en la necesidad de que el Estado y los gobiernos de turno faciliten la información a las Veedurías Ciudadanas para lograr procesos más transparentes.

Al respecto, Querido, el panelista argentino, indicó que los veedores son defensores de derechos y que ya existe marco normativo que los protege y valida su trabajo, como la que emerge de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«La observación electoral es una herramienta que ya está considerada, inclusive, por algunas relatorías de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la libertad de expresión. Los observadores electorales están considerados como defensores de derechos humanos, esto ya está como declaración en el marco de las relatorías de la ONU, y, de alguna manera ampara nuestro trabajo, hay mucho por hacer, la verdad que hay un trabajo enorme», dijo Querido.

Al finalizar el intercambio de experiencias, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) presentó una propuesta de reglamento de Veedurías Ciudadanas para Bolivia, que busca promover el ejercicio de mecanismos de participación y control social, además de organizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía a participar en el control de los asuntos de la administración pública y del sector privado que maneja fondos públicos a través de las veedurías.

Asimismo, se propone promover la transparencia en la gestión pública y regular la conformación, atribuciones, competencias y funcionamiento de las veedurías ciudadanas.