Los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 son muy esperados por el país por una infinidad de motivos, pero particularmente porque servirán para redistribuir los escaños parlamentarios, los recursos de la coparticipación tributaria y serán una prueba de fuego para el padrón electoral, puesto que se podrá saber si es realista o si está inflado.

El coordinador de la Ruta del Censo, Mario Galindo, indicó que, de acuerdo a las proyecciones realizadas por esa alianza de instituciones, Santa Cruz ganará cinco escaños, mientras que Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz perderán al menos uno cada uno.

En el caso de la coparticipación tributaria, según las proyecciones, 55 municipios ganarán recursos y 280 los perderán, “incluidas las ocho autonomías indígenas”, debido a la migración de esos territorios hacia el área urbana, particularmente hacia las ciudades intermedias.

¿El padrón hará explotar una bomba?

Si bien el padrón y el censo son dos tipos de registros diferentes, están relacionados, porque los datos del censo permiten visualizar si el padrón es realista o si está inflado, lo que podría obligar a su depuración como ocurrió en el pasado. Hay que recordar que el censo es el registro de todos los ciudadanos bolivianos, mientras que el padrón es el registro de las personas habilitadas para votar, es decir, de los mayores de 18 años.

Mario Galindo recuerda que en la última elección se han registrado 8 millones de votantes y recordó que, según las proyecciones, somos 12 millones de bolivianos, lo que significa que solo tendríamos una población de entre 4 millones ó 4 millones y medio de habitantes menores de 18 años, pese  a que es sabido que esa población es mayor.

“No cuadran las cifras, ese dato probablemente va a hacer explotar la bomba de que tenemos que hacer un nuevo padrón electoral, porque el padrón está inflado, creo que ese es el resultado inmediato que más conflictividad va a traer, no hay otra forma en que se pueda entender semejante número de votantes que se tuvo en la última elección”, dijo Galindo al programa Sumando Voces en Directo, emitido este jueves.

Respecto a las dudas sobre el padrón, hace pocos días el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, insistió en que el registro es confiable y que así lo hizo conocer la OEA en su auditoría del 2017, aunque también recomendó una actualización del mismo.

Sin embargo, dijo que, para dar certidumbre al electorado, el padrón será nuevamente auditado, esta vez por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), mientras que reconoció que existe la necesidad de modernizar el registro de datos.

Indicó que la auditoría fue solicitada “para definir si ese padrón es correcto, si sirve, si hay gente que no debe estar o si hay gente muerta que sigue figurando en el padrón”.

Conflictividad a la vista

Si bien el censo dará los datos estadísticos, la realidad es más compleja y podría acarrear conflictos que obliguen a llegar a acuerdos entre todos los actores involucrados e incluso a plantear un cambio de normativa sobre la cantidad de escaños o la forma de distribuir los ingresos por impuestos.

El politólogo Carlos Cordero, en el texto titulado  “El censo nacional de población y vivienda bajo la lupa de los expertos”, publicado por la Ruta del Censo, indica que “lo único cierto que podemos afirmar es que el escenario post censal no será nada tranquilo para el ciudadano ni para el país, lo mismo que las elecciones 2025”.

El autor esboza algunos escenarios, por ejemplo, que, ante la falta de acuerdos para los escaños, se postergue su aplicación para después del 2025 y “dependiendo de los resultados electorales, en lugar de aprobar una reasignación de escaños, podría debatirse la posibilidad de romper el cerrojo de los 130 escaños que conforman la Cámara de Diputados, mediante una reforma constitucional, total o parcial, de la Constitución vigente”. Eso significa que se tendría que subir el número de legisladores para contentar a todos.

También repara en esta posibilidad el especialista en políticas económicas, Ernesto Sheriff, en el mismo texto, en el que afirma que podrían surgir conflictos por reparto de recursos, competencias y responsabilidades, y por la representación política.

Frente a esa probabilidad, Sheriff sugiere recurrir al diálogo y a la negociación, así como a la revisión y actualización de normativas. “Es importante revisar y actualizar las normativas relacionadas con la asignación de recursos, las competencias y la asignación política, para que reflejen de manera adecuada lo cambios demográficos”, afirma el especialista.