Asegurando que no existe confianza de la población en el Gobierno y las instituciones del Estado, asambleístas nacionales de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), llamaron a la población a fiscalizar y controlar la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, programado para el sábado 23 de marzo.
En conferencia de prensa, las diputadas Lissa Claros y Mariela Baldivieso lamentaron que, por “intereses políticos”, se haya impedido la realización de la medición censal en la gestión pasada, tomando en cuenta la importancia de contar con datos actualizados que posibiliten una nueva y mejor asignación de recursos, además de la aplicación de políticas destinadas a garantizar el desarrollo de las distintas regiones del país.
Sobre los datos que se obtengan del Censo 2024, Claros señaló que existe preocupación y desconfianza de la población por una posible manipulación de resultados por parte del Gobierno, todo para sustentar discursos políticos y proyectar una falsa imagen de estabilidad ante la comunidad internacional.
“Hay una desconfianza de aproximadamente el 80% de todos los ciudadanos bolivianos, que no confían en el Gobierno central y mucho menos en sus instituciones”, dijo.
En ese sentido, indicó que la iniciativa planteada desde la alianza Comunidad Ciudadana busca cumplir con la respectiva fiscalización parlamentaria al proceso censal, mediante la colaboración de la población el día 23 de marzo.
“Esta iniciativa se denomina el ‘Control del Censo’, por lo que necesitamos y hacemos un llamado a todos los ciudadanos bolivianos a sumarse para poder tener todos los datos como ciudadanos y hacer una fiscalización, para comprobar que los datos relevados por el Censo coincidan con los que figuran en el sistema del INE”, sostuvo.
Para la asambleísta representante de Potosí, el Gobierno tiene la intensión de “maquillar datos” para mejorar la imagen a nivel internacional, haciendo creer que el país “se encuentra en una bonanza económica o que los ciudadanos han mejorado sus condiciones de vida” en los últimos años.
Por su parte, la diputada Baldivieso detalló que la plataforma referida se encuentra sostenida con tecnología utilizada en países del primer mundo y se constituye en una herramienta para garantizar transparencia en la administración pública.
La forma en que la población podrá colaborar con esta plataforma es registrando sus datos y posteriormente facilitando fotografías de la boleta censal con la que se levantó información personal y de la vivienda que se habita, cuyos datos estarán protegidos por esta sistema.
Agregó que con esta acción, se evitará una posible manipulación o alteración de datos en las boletas usadas para el Censo y permitirá que parlamentarios puedan posteriormente comparar información en el sistema del INE, contrastándola con las boletas originales.
“Nadie va poder modificar sus boletas censales y posteriormente esperamos que la población en todos los departamentos pueda sumar mínimamente unas 3.000 boletas para elevar una Petición de Informe Oral en la Comisión de Autonomías, para que el INE pueda comparar información”, manifestó Baldivieso.
Sobre las restricciones referidas recientemente por personeros del INE, la diputada Claros puntualizó que la normativa vigente hace referencia al “secreto estadístico” solo para evitar que los datos sean usados para fines distintos al Censo de Población y Vivienda.
“Lamentamos que se demuestre incompetencia e incapacidad. El secreto estadístico es para que estos datos no puedan ser manipulados para el cobro de impuestos, otras deudas y similares. Los datos que se van a relevar en el censo son personales. Los ciudadanos que se sumen a esta campaña están autorizando el uso de estos datos simplemente para temas de fiscalización”, aclaró la legisladora.
Estos últimos cuestionamientos, se suman a los expresados esta semana por representantes del Conade, quienes a tiempo de advertir por un posible “fraude demográfico”, exigieron al INE aclarar la modalidad de empadronamiento en áreas dispersas, cuando las restricciones de movilidad para ciudadanos solo toman en cuenta el día 23 de marzo.
Mediante una nota remitida por el ente defensor de la democracia al Instituto Nacional de Estadística, se solicitó aclarar la definición de “áreas dispersas” en el Censo 2024 y se explique “con precisión” la forma de trabajo con relación a las restricciones de movilidad para ciudadanos (un día en ciudades y hasta tres en áreas rurales).
“Este es un acto irregular que puede constituirse en un fraude demográfico, estamos solicitando toda la información respectiva para conocer qué norma estaría autorizando a que los censistas puedan trabajar los días 24 y 25, cuando la población se está movilizando de un lugar a otro”, cuestionó el vocero del Conade, Manuel Morales.
Sostuvo además que, este tipo de elementos confusos en las restricciones determinadas por el Auto de Buen Gobierno para cada departamento, llevan a dudar de la transparencia del presente proceso censal y generan desconfianza en la población.