Se caracteriza como suicidio asistido aquel en que el suicida cuenta con la colaboración de una o más personas para lograrlo. En algunos países, en circunstancias definidas, es legal, en Bolivia no. Pero es aquí donde la oposición parlamentaria, esa que se dice partidista, apresura el acortamiento de su afligido e infructuosa vida al elevar un pedido –una súplica más bien– de poner fin a la dilatada carrera profesional electoral de su bestia negra y verdugo máximo, el expresidente Juan Evo Morales.

Seduce a los opositores tradicionales la posibilidad de bloquear el coronamiento de la obsesión presidencialista de su archienemigo, gracias, esta vez, a la declaración de dos abogados mercenarios y hoy autoprorrogados miembros del Tribunal Constitucional (TCP), que han “interpretado” la Constitución, pisoteándola arbitrariamente (una vez más).

En el referendo de febrero de 2016 la mayoría se pronunció en contra del cambio la prohibición de una tercera reelección continua después de vivir la experiencia de una reelección forzada (2014), con sustento de una milmillonaria campaña electoral diaria pagada con recursos públicos, la concentración extrema del poder y la persecución de disidentes, críticos y opositores.

En estos nuevos tiempos de ruptura interna y ocaso de la conducción y hegemonía masista, los rebeldes ahijados de Morales en el Gobierno reniegan del apoyo que prestaron para violar la Constitución y la soberanía popular al punto que instruyeron a sus empleados del TCP que la vuelvan a atropellar, esta vez, para impedir que su expatrón vuelva a ser candidato presidencial.

Como fogosos defensoras de la ilegalidad extrema, se pronuncian a favor de la autoprórroga de los que fueron elegidos a la fuerza como cabeza de los máximos tribunales, aunque su mandato ha caducado. Es lo que hacen funcionarios como el ministro de Justicia, en defensa de los intereses de la fracción luchoarcista del MAS, decidida a autoengañarse, suponiendo que la candidatura de Morales, y no su triste gestión económica, será la causa de su futura derrota.

Las coaliciones opositoras que, impotentes de ganarle una elección en primera vuelta a Morales no supieron prever, organizar y desarrollar una resistencia eficaz desde que este empezó a reelegirse ilegalmente (a partir de 2014), hoy celebran la nueva fechoría de la banda del TCP que en 2017 ejecutó un incuestionable golpe de Estado al alterar radicalmente el orden constitucional desconociendo la Constitución, reformándola por su cuenta y sin consultar al pueblo (como nada la Constitución) y anulando la voluntad soberana expresada en las urnas.

Las frágiles agrupaciones de oposición nunca osaron denunciar la acción del TCP como golpe de Estado ni intentaron abrirles proceso a quienes ejercieron de tribunos entre 2011 y 2017, o a los de 2017 a 2023, como cómplices de los anteriores y prevaricadores (por ese y otros crímenes similarmente graves como desconocer el derecho a la consulta de los pueblos indígenas o los crímenes ambientales). Al contrario, dan su aval al abuso de los autoprorrogados con la patética ilusión de que la ausencia de Morales Ayma les abriría las puertas del triunfo.

La extrema contradicción opositora de impugnar retóricamente la autoprórroga, reivindicando sus fallos a la carta y pedido expreso, demuestra que además una visión señorial que los hace sentirse superiores a las masas, tienen serios problemas al lidiar con la coyuntura. Se ahogaron en el tramposo debate golpe Vs. Fraude omitiendo cualquier iniciativa seria para señalar y aclarar la perversidad institucional y aberraciones del Tribunal Constitucional sin comprender que allá se encuentran algunas claves de las sucesivas derrotas que los aprisionan.

Esa forma de suicidio, ahora diligentemente asistido por la cúpula del Gobierno, pavimenta la continuidad del MAS en el Gobierno, por medio de cualquiera de sus fracciones.

La suma de sus debilidades tácticas, incluyendo su atufamiento en cuestiones básicas como el atentado que representa la imposición de la gasolina con un cuarto de etanol en su composición, se completa con el estratégico vacío de una propuesta que ponga el centro del debate en superar el modelo socioeconómico Bohan, en la versión estatista del MAS.

Lejos de ello, siguen rumiando las recomendaciones de ajustes brutales (si pudieran, al estilo Milei) e, igual que el MAS, no se enteran que un proyecto nacional alternativo se basa en enfrentar la crisis ambiental y la continuidad de la pobreza y el atraso con una bioeconomía, cuyo diseño básico ha sido delineado por la deliberación social del proceso constituyente.