Ya no cabe duda de que el futuro del régimen se juega a dos niveles, primero con la elección de jueces y la posible reforma del Poder Judicial, y la segunda manipulando los datos del censo de manera que el 2025 se cuente con una distribución de población masista más o menos manejable, éste; sin embargo, es un objetivo mucho más complicado de lograr, pese a que, como ya se denunció, tempranamente se han iniciado los movimientos de contingentes que se registraron en determinadas regiones a fin de votar en ellas. Todo habla de un plan de fraude hecho con precisión venezolana y eficiencia cubana. Lo que nos interesa; sin embargo, es reflexionar sobre la elección de jueces que se debe realizar en breve (Dios mediante).

La primera certeza es que el régimen masista no está dispuesto a que candidatos independientes y probos sean electos, y en consecuencia aun nos faltan muchas sorpresas. La razón de esta posición oficialista estriba en que el único sustento real de legitimidad que posee el gobierno de Arce Catacora deriva de ese Poder del Estado, es decir, el único dispositivo que le garantiza gobernabilidad y estadía en el Poder son los jueces y los fiscales que eventualmente controle. Podría decirse que esta afirmación desconoce la legitimidad que le dan los movimientos sociales, empero, tales movimientos son en realidad dispositivos prebendales, altamente cuestionables y en muchos casos de dudosa reputación, propiedades que los transforman en entidades demasiado endebles, variantes, poco fieles y demasiado ambiciosas, en pocas palabras, todos los esfuerzos que hemos visto por bloquear la reforma judicial y prescindir de ese ejército de sicarios judiciales, obedece a que -sin ellos- el Gobierno sería una barcaza endeble en la mitad del océano, fácil presa de las propias fuerzas internas del MAS que hoy por hoy se disputan desesperadamente el Poder.

Queda claro que en este impase “jurídico” al Gobierno le interesa muy poco o nada garantizar la institucionalidad democrática que supone un Poder independiente, al contrario, mantener su estado de desinstitucionalización actual, o profundizarla supone mantenerlo como un dispositivo represivo bajo control del Poder Ejecutivo y sus caudillos.