Vía: El Deber | 

Para la diputada chiquitana, este informe es la constatación de que el Estado boliviano ha perdido terreno en ambos casos. Por esto, Álvarez cuestionó al Gobierno sobre si dará o no cumplimiento a las recomendaciones que emiten estos organismos internacionales.

Dijo que en los últimos años presentó, con la bancada de Creemos, 26 notas a la CIDH que se ven reflejadas en este informe sobre la situación en Bolivia, no solo ambiental, sino también en lo que respecta a los derechos humanos. 

"Confirma la crisis de la justicia y la instrumentalización de la justicia para la persecución política, por ejemplo con el uso y abuso de la detención preventiva, como cita el informe”, explicó la diputada, y aplaudió que también se traten temas como los avasallamientos y despojos a los territorios indígenas, "así como la crisis ambiental que provoca el modelo extractivista contra la salud de los pueblos indígenas”. 

Solo en 2023, envió al menos ocho notas sobre estas problemáticas a otras instancias internacionales como la Relatoría de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas.

En ese tiempo, el relator David R. Boyd, expresó su preocupación por el daño a la salud de las comunidades donde se realiza la producción aurífera minera, debido al uso de mercurio.

“Estos informes confirman los problemas que tiene el país y ve responsabilidades en las instancias estatales, pero el Gobierno no hace caso, no le interesa solucionar estos casos y al contrario, mantiene este tipo de ataques a las poblaciones y ahora pretende ingresar a las áreas protegidas con la minería”, reprochó la diputada.

El informe de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado "Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia", editado en enero y recientemente difundido, retrató la problemática de los avasallamientos, sobre todo en comunidades indígenas, y puso como ejemplo el caso emblemático de Las Londras, cuando un grupo armado secuestró a policías, trabajadores y periodistas en 2022, y cuyo proceso todavía no encuentra justicia.

El informe recuerda al Estado boliviano que “el reconocimiento, protección y garantía del derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras territorios y recursos naturales es un elemento imprescindible para el ejercicio de la libre determinación y de la propia supervivencia de los pueblos indígenas”.

En el caso de la contaminación, la CIDH recabó las denuncias sobre la actividad extractivista, sobre todo minera aurífera, en poblaciones indígenas, con la afectación a la salud de los comunarios.

A pesar de haber suscrito el Convenio de Minamata, la actividad minera con mercurio ya deja secuelas, al impactar en la salud de mujeres indígenas de las comunidades Eyiyo Quibo y Portachuelo, del pueblo Esse Ejja, en la cuenca del río Beni.

También menciona a las 36 comunidades indígenas de los territorios Tacana I, Tacana II, Lecos, Larecaja, Tsimane Mosetene, Lecos de Apolo y San José de Uchupiamonas, que fueron evaluadas con niveles de mercurio en sangre por encima del límite recomendado para la salud humana.

“La pregunta es ¿hará caso el Estado Plurinacional a estas recomendaciones?”, reiteró Álvarez.