Medio: BRÚJULA DIGITAL
Fecha de la publicación: domingo 17 de marzo de 2024
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado tomar medidas “para el efectivo ejercicio de las garantías judiciales individuales a cada persona”, incluidas las que se encuentran detenidas y se autoidentifican como presas políticas.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado tomar medidas “para el efectivo ejercicio de las garantías judiciales individuales a cada persona”, incluidas las que se encuentran detenidas y se autoidentifican como presas políticas.
El requerimiento está incorporado en el informe ‘Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia’ que fue presentado a mediados de semana.
El documento considera que el tema de las personas autoidentificadas como presas políticas forma parte de situaciones especiales denunciadas en el contexto de las detenciones.
El informe, en sus 224 páginas, no establece que en Bolivia existan presos políticos, pero sí señala que hay personas que indican serlo.
El viernes pasado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro, escribió en su cuenta de X que el documento de la CIDH “es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce”, ya que “reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia”.
El ministro de Justicia Iván Lima lo desmintió, al asegurar que el informe no establece esto, lo que sí señala “es la obligación del Estado de sancionar, investigar y llevar en un debido proceso el enjuiciamiento de esas graves violaciones a los derechos humanos”.
El documento, sin embargo, pide al Estado atender las denuncias para resguardar las garantías judiciales de todos, sobre la base de que los “privados de la libertad y, en general, todas las personas sujetas a procesos penales o de determinación de responsabilidades deben gozar de todas las garantías del debido proceso y de protección contra la discriminación por sus opiniones políticas”.
La CIDH señala que al momento de la redacción del informe personas que dijeron estar detenidas por motivos ideológicos y sus familiares habían denunciado entre 190 y 240 casos de presos políticos o de persecusiones.
La Comisión recuerda también que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos arbitrarios y aclara que en distintos informes y comunicados usó el concepto de “presos políticos” ante detenciones arbitrarias logradas con el uso de la justicia con el fin de “perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno”.
Agrega que la mayoría de quienes denunciaron estar siendo perseguidos por fines políticos indicaron también que hay violaciones al debido proceso.
“Se observa que las denuncias reflejan, en general, desafíos estructurales del sistema de justicia, incluyendo el uso excesivo de la prisión preventiva; demoras en la tramitación de los procesos penales y falta de infraestructura adecuada que permita la realización de audiencias virtuales o el transporte a audiencias físicas”.
El Estado tiene el deber de tomar en cuenta tales denuncias y “atender de manera inmediata”
La CIDH observa, sin embargo, que algunas las personas que se consideran presas políticas enfrentan procesos penales por delitos graves, incluyendo genocidio y recuerda que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”.
El informe tiene 15 conclusiones y 32 recomendaciones al Estado boliviano, entre ellas la realización de una pronta reforma integral de la justicia y una adecuada selección de autoridades judiciales.
El Estado “debe iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006”.
Además, se debe fortalecer la carrera judicial y de la Fiscalía, optimizar la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano Judicial, revisar los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal e implementar de forma efectiva una política integral que involucre a los órganos Judicial y Ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva.
BD/JA
