La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe que en el país hay personas que “estarían siendo perseguidas penalmente por motivos políticos”. Al respecto, el gobernador electo Luis Fernando Camacho dijo que el organismo “reconoce que en Bolivia hay persecución judicial por motivaciones políticas”. El Gobierno respondió a la autoridad y dijo que “no habla de presos políticos”.

“A la fecha de redacción de este informe, organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades legislativas, algunas personas privadas de libertad y sus familiares habían denunciado entre 190 y 240 privadas de la libertad o que estarían siendo perseguidas penalmente por motivos políticos”, se lee en el punto 581 del informe de la CIDH: “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, presentado el jueves.

El informe, de más de 200 páginas, añade que las denuncias desafían al sistema judicial. “Se observa que las denuncias reflejan, en general, desafíos estructurales del sistema de justicia, incluyendo el uso excesivo de la prisión preventiva; demoras en la tramitación de los procesos penales y falta de infraestructura adecuada que permita la realización de audiencias virtuales o transporte a audiencias físicas”, se lee en el punto 584 del informe.

Respecto al informe del organismo internacional, Camacho dijo que reconoce sus denuncias. “La CIDH reconoce que, en Bolivia, hay persecución judicial por motivaciones políticas. El informe de la CIDH es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce. Reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia y recomienda un mecanismo internacional independiente para que pueda garantizar que el gobierno del MAS no continúe manipulando los fallos judiciales, persiguiendo y deteniendo opositores por motivos políticos”, se lee en sus redes sociales.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, no tardó en responder a Camacho y dijo este viernes que la CIDH hace recomendaciones a los gobiernos y que son falsas las aseveraciones del gobernador electo.

“Lo que hace (la CIDH en el informe) son recomendaciones que se hacen en todos los países de la región, aclarar que es falsa (la versión de Camacho) porque no habla de presos políticos; porque también estamos pendientes de estos informes”, aseguró Alcón, en conferencia de prensa.

Alcón afirmó que “no existen los términos que usa y desinforma (Camacho)” y “lo que sí hace es una evaluación general de la justicia”. “No hay un párrafo (que se refiera a) presos o perseguidos políticos. Otra cosa es que tiene procesos pendientes. Hay un proceso de investigación que tiene que seguir su curso; por tanto, nosotros como Gobierno nacional vamos a respetar el debido proceso”.

La autoridad gubernamental dijo que las elecciones judiciales son parte de las tareas en marcha. “Hay un trabajo que estamos haciendo, sin duda, tenemos que profundizar y parte de ello son las elecciones judiciales; solo esperamos que este proceso se desarrolle de la mejor manera. Esperemos que (los legisladores) les den certeza a nuestra población, en el marco de la Constitución Política del Estado”.

El debido proceso

En el documento, la CIDH señala que “ha observado, históricamente, desafíos para la garantía del debido proceso en Bolivia”, al extremo de ser administrado de manera instrumental y de acuerdo con el gobierno de turno.

“Se ha reconocido que, en Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita. Esto no es exclusivo de la situación actual, sino que es un problema de larga data que atraviesa las distintas administraciones gubernamentales y composiciones del órgano de Justicia”, indica el informe.

En ese contexto, la CIDH recomendó: “Iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006”.

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