Luego de hacerse público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de la Justicia en el país, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que el Movimiento al Socialismo (MAS) y su actual administración, han llevado a ésta a su nivel más bajo, al grado que la democracia se encuentra al borde del colapso.
Desde sus redes sociales, el exmandatario expresó su preocupación por el contenido del informe emitido por la CIDH como resultado de una visita a territorio nacional en 2023, señalando que este estudio revela la preocupante situación de los derechos humanos, mismos que atraviesan por “su peor momento desde las dictaduras militares”.
Asimismo, aseguró que la persecución política, la “podredumbre judicial”, las prórrogas ilegales y la presión sobre medios de comunicación, han provocado que el sistema judicial nacional pase por una de sus peores crisis, con el peligro de que se genere mayor inestabilidad.
“Luis Arce llevó a la Justicia al nivel más bajo y a la democracia al borde del colapso”, indicó Mesa.
Por el mismo medio, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, observó que el reciente informe y estudios pasados coinciden en advertir sobre el “clamor” de la población por una reforma en este campo.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para encaminar el inicio de estas reformas, lejos de todo interés personal o cálculo político.
“El informe de la CIDH y anteriores del GIEI, del Relator Especial de NNUU, HRW, y otros confirman el clamor ciudadano por una Reforma Judicial. Presidente Luis Arce: Es tiempo de que usted asuma el desafío y convoque a consensos para iniciarla. La justicia no puede seguir abandonada a los intereses personales o político partidarios”, manifestó la exautoridad.
Parlamentarios como el diputado cruceño José Carlos Gutiérrez, cuestionaron que pese a todas las observaciones y recomendaciones emitidas al Estado boliviano, por instancias nacionales e internacionales, el Gobierno no demuestre interés en plantear salidas o proyectos para encaminar una verdadera reforma judicial, asegurando que existen cálculos políticos que se imponen sobre cualquier criterio de organismos especializados en derechos humanos y Justicia.
“Todo el mundo nos ha recomendado que se actúe de forma diferente pero, aquí hay puro cálculo político, el Gobierno calcula la postulación para el 2025, mientras el radicalismo en el MAS calcula lo mismo”, dijo Gutiérrez, lamentando que solo se priorice el beneficio de una tienda política y su búsqueda de mayor acaparamiento de poder.
Asegurando que la población se encuentra en medio de las pugnas entre las facciones del masismo, el diputado de oposición reprochó que el partido en función de Gobierno haya dejado de lado los intereses del país y el respeto a la institucionalidad, para priorizar los cálculos políticos.
“Quien planteó las elecciones judiciales, politizó la justicia, puso a los actuales prorrogados y puso a dedazo la justicia. Estamos viviendo las consecuencias y el resultado de Evo Morales”, concluyó.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo público su informe sobre la situación en Bolivia, estudio en el que destacó avances en temas de género e inclusión, sin embargo, advirtió sobre amenazas por la polarización derivada de la crisis de 2019, haciendo énfasis en la desconfianza de la población en la Justicia, cuya reforma es urgente.
En el texto del informe, la CIDH consideró que el Estado boliviano no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia, advirtiendo que la población “desconfía profundamente del Órgano Judicial”.
Asimismo, se advirtió que el sistema penal es percibido como una “herramienta al servicio de intereses políticos”, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre ejerciendo el poder.
Se destaca además, el consenso entre distintas fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de una reforma al sistema de justicia, por lo que se pidió aprovechar esta oportunidad y los momentos históricos que vive el país para impulsar reformas.
Sobre la problemática de la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019, se señaló que esta continúa representando una amenaza seria para la cohesión del tejido social.
Según la CIDH, la discusión “entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de la población”.
En ese sentido, se sugirió apelar al diálogo entre sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas; evitar el ahondamiento de la polarización; prevenir la violencia y la discriminación étnico-racial; y contribuir a la gobernabilidad democrática.
La recomendación número 29 del referido informe, plantea iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006, entre ellas, el fortalecimiento de la carrera judicial, optimización presupuestaria para el Órgano Judicial, reducción de la mora procesal, reducción en la aplicación de la medida de la detención preventiva, fortalecimiento de la jurisdicción indígena originaria y la mitigación de barreras para el acceso a la Justicia.