José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator país para Bolivia, atendió a La Razón tras la presentación del informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Hace énfasis en la polarización, como un freno a las avances normativos y de respeto a los derechos humanos, incluso de la ansiada reforma de la Justicia.

Polarización

— El informe es un documento con el cual Bolivia se puede mirar al espejo en el tema de derechos humanos…

— Exactamente. Los informes de país después de la visita in loco en todo el mandato de la Comisión tienen justamente ese componente. Es una mirada que favorece el diálogo y permite a la sociedad y al Estado, y a sus instituciones, poderse mirar al espejo. Es un diálogo continuado, incluso después de la visita in loco de hace un año, pues el informe sigue teniendo tejido dialogante con la sociedad boliviana. Y es así, un espejo.

— A nivel macro, ¿cómo se puede evaluar la situación de los derechos humanos en Bolivia?

— Lo que pienso es que ha tenido una incidencia estructural muy fuerte en el marco normativo y en la toma de conciencia. Y esa incidencia tiene algunos ejemplos muy importantes: en el ejercicio del reconocimiento de los derechos en la Constitución, Bolivia tiene una de las cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos más acabadas de la región. Bolivia ha hecho una clara apuesta por quitar, digamos, el modelo patriarcal de desigualdad de género… hay temas muy importantes como la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación… Además, Bolivia optó por la votación judicial, que es una parte diferenciada en la región, una manera de entender también el sistema de elección de quienes imparten justicia.

Pero por otro lado tiene un marco de oportunidades muy importante, radicados en la polarización, que el informe lo advierte muy bien como un fenómeno que está marcando la continuidad de las relaciones políticas, institucionales, entre el Estado, entre amplios sectores sociales. Entonces, esta polarización impide que puedan seguirse construyendo los retos normativos institucionales de relaciones y de respeto a los derechos humanos que nosotros estamos viendo a través del informe y que estamos efectivamente mandándole como un espejo al Estado y como un espejo a la sociedad, porque la polarización se refleja en la imposibilidad de realizar una reforma judicial importante, en trabajar la disidencia política como eso, no como una lógica de enemigos-enemigos…

— La polarización es histórica en Bolivia, pero tuvo un punto de inflexión en la crisis de 2019…

— En este informe hay una ubicación de contexto, lo que pasa en 2019 es precisamente un reflejo de esa problemática elevada de tono con una incidencia en márgenes que no deben estar presentes, que significan la violencia y la violación de derechos humanos. Y lo que pasa en la última parte de 2019 mereció también una intervención no paralela, porque la Comisión no actúa de forma paralela en los mecanismos, digamos concatenada pero sí independiente en algunos sentidos, que es este ejercicio importante y solvente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que advirtió el tema de la polarización. Y usted lo dice bien, de hecho el informe empieza advirtiendo el tema de la polarización y hay una recomendación específica que tiene que ver con el diálogo, con estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales, resolución pacífica de conflictos…

— Un tema álgido es el sistema de justicia, cómo ve los avances en el tema en un marco en que las elecciones judiciales quedaron suspendidas en 2023.

— Pienso que la Comisión debe advertir qué modelo se ha dado el pueblo de Bolivia y a través de su ejercicio constitucional para procesar el tema de la Justicia. En ese sentido, lo que tiene que hacer Bolivia, y la Comisión no se pronuncia en un modelo u otro, pero sí tiene Bolivia que proceder a la realización efectiva y eficaz del modelo constitucional previsto. Eso es importante, como lo advertimos en su momento: que Bolivia lance, a través de criterios muy objetivos de su marco legal, la preselección, selección y nombramiento de las autoridades judiciales. Pero que se realice, eso lo estamos instando con una mirada de independencia judicial, fortalecimiento institucional para la democracia. Lo que tiene que acontecer es que en el corto plazo se acate la Constitución, la Constitución ampliada como Bolivia misma la aceptó a través del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho radicado en tratados internacionales. Y en ese sentido debe actualizar esto.

Pero también hay que realizar una reforma integral que pueda también ir adelantando o superar todas las cuestiones estructurales que nos han hecho llegar por la sociedad civil, y que también la propia Comisión ha advertido incluso antes de la vigencia de la Cosntitución, es decir, desde que estuvo en la visita in loco de 2006: fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, que tenga racionalidad, autonomía, independencia, revisión de los programas para reducir la mora procesal… Tiene que Bolivia mirarse al espejo en el sentido de tener la prisión preventiva como una medida cautelar cuando no es posible llevar adelante otras. Se tiene que mejorar además las condiciones de las cárceles. Que haya recursos judiciales efectivos, para que haya revisión del debido proceso. Hay que fortalecer la jurisdicción indígena campesina a través de una reforma de ley de deslinde jurisdiccional con consulta previa…

— ¿Cómo se coordinará el seguimiento a las recomendaciones de este informe?

— Se lo va a acompañar, porque la Comisión ha ido teniendo cada vez más conciencia de su mandato en esto del seguimiento a recomendaciones. Tenemos por ejemplo 32 recomendaciones que, como lo dije en diciembre, son 32 que no son estancos, sino dialogantes, que se envuelven entre sí, pero hay que ir avanzando en ellas y dando matices de cumplimiento. La Comisión no podría lanzar el informe y olvidarse de las 32 recomendaciones, no haría justicia a su mirada ni a su propio trabajo, por eso seguirá a través de un mecanismo de seguimiento, cómo cumplir este informe y cómo acompañar a la sociedad especialmente, a la sociedad en esta mirada de espejo, tiene que estar empoderada en la sociedad. Quien tiene que desmontar la polarización y hacerse cargo de su historia es la sociedad, el Estado es una estructura, los gobernantes vienen y van.

PERFIL

Nombre: José Luis Caballero Ochoa

Profesión: Abogado

Es mexicano. Fue elegido comisionado en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 5 de septiembre de 2023; su mandato es hasta 2025.