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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 14 de marzo de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Conflictos limítrofes
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Un día después que se conociera que Piso Firme será censado como parte de Santa Cruz, el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, se pronunció subrayando que "la acción administrativa censal no define límites territoriales". Y procedió a leer la resolución del Comité de Defensa de la Integridad Territorial del Departamento de Beni que determinó declararse en emergencia.
La misma expone que, bajo la responsabilidad funcional de la defensa de la integridad del territorio departamental, considera que "las acciones recurrentes de intereses extradepartamentales que persiguen el cercenamiento territorial del departamento de Beni, utilizan mecanismos que el poder hegemónico les facilita, expresados en la utilización de las instituciones para producir acciones de facto".
Y se resolvió cuatro puntos, entre los que se destaca la denuncia de una estrategia de avasallamiento y expansión sistemática sobre su territorio, que "esconde intereses económicos y empresariales":
1. Tomar por cierta la afirmación del Viceministerio de Autonomías, que la acción administrativa censal no define límites territoriales, dando sentado la legalidad y legitimidad de la Ley de 28 de noviembre 1914 y los aspectos georeferenciales que establece el SIOT (Sistema de Información de Ordenamiento Territorial).
2. El Beni denuncia ante el pueblo boliviano la existencia de una estrategia de avasallamiento y expansión sistemática sobre el territorio beniano, que esconden intereses económicos, empresariales y corporativos con connotada tolerancia del sistema público formal; y con un efecto peor aún, como es elde utilizar los recursos públicos para transgredir la ley, violentando derechos consolidados a través de las historia y la cultura, para apropiarse irresponsablemente de bienes jurídicos protegidos por la CPE y los Tratados Internacionales, como son los recursos de la madre tierra.
3. Nos declaramos en emergencia ante la desconfianza de que los intereses políticos, empresariales y corporativos, puedan manipular la decisión soberana de la justicia constitucional en la admisión y posterior resolución de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el departamento del Beni ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
4. El Beni se reserva el derecho y el uso de las garantías que la ley le franquea para acudir a toda otra instancia nacional e internacional a los efectos de la defensa de sus derechos territoriales, culturales, identitarios e históricos sobre su unidad territorial y poblacional.