Una misión internacional conformada por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) demandó a las autoridades legislativas bolivianas que las hojas de vida y calificaciones de los candidatos a las elecciones judiciales sean publicadas para conocimiento de la ciudadanía.

En ese sentido, demanda que la preselección de candidatos judiciales cumpla con la máxima transparencia, publicidad y apertura y reconoce la escasa credibilidad de la justicia en Bolivia.

Representantes de las tres entidades citadas realizaron una visita técnica a Bolivia entre el 4 y el 7 de marzo pasados con el fin de recolectar información sobre el actual proceso de preselección de las altas autoridades judiciales y el estado de la independencia judicial en el país.

La misión demandó al Órgano Legislativo que se tomen en cuenta, en todo el proceso, los estándares internacionales establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mediante un comunicado público, la misión dijo que valora que el proceso de preselección “avance en la Asamblea, lo que permite cumplir el mandato constitucional de renovar a las altas autoridades judiciales cuyo periodo constitucional terminó el 31 de diciembre de 2023”, luego de “repetidas y prolongadas suspensiones durante el año pasado”.

“(Se espera que) el proceso de preselección se lleve a cabo con la máxima transparencia, publicidad y apertura a la participación de la ciudadanía”, agrega el comunicado. También pide que se garantice que el proceso de preselección “cumpla con criterios de mérito, objetividad, representación paritaria y no discriminación”.

En ese sentido, la misión pidió que se publique, para acceso de toda la población, las hojas de vida y expedientes completos de los postulantes; fundamentar las puntuaciones obtenidas por ellos en cada fase del proceso de preselección, especialmente durante la fase de examen; permitir a veedores nacionales e internacionales el máximo acceso a la información y participación durante las fases del proceso de preselección.

También demanda que se  garantice de manera efectiva la paridad de género y la diversidad cultural, que el proceso se lleve sin dilaciones indebidas.

Alto índice de desconfianza

La misión recabó información acerca del alto índice de desconfianza en el sistema de justicia y las dificultades que enfrenta el Órgano Judicial y, las y los jueces de manera individual, para contar con garantías efectivas que protejan su independencia.

En este escenario, la misión obtuvo información acerca del escaso presupuesto con el que cuenta el Órgano Judicial (0,35% del presupuesto general en 2023), la existencia de decenas de personas egresadas de la Escuela de Jueces del Estado que están a la espera de ser designados, la poca transparencia que hubo en el diseño de la evaluación de desempeño realizada por el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.

Por ello, la misión considera que es necesario fortalecer la independencia de la judicatura, lo que puede incluir adelantar una reforma judicial para fortalecer las garantías específicas de la independencia judicial en el país y una modificación al mecanismo constitucional establecido para seleccionar a las altas autoridades judiciales.