La CIDH realizó una visita in loco a Bolivia entre el 27 y el 31 de marzo de 2023. En su informe identifica los "desafíos pendientes" identificados y también brinda observaciones y recomendaciones al Estado, además de ponerse a disposición para trabajar con el Gobierno.

Producto de su visita in loco, realizada en marzo del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves su informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.

En ese sentido, la CIDH, primero, recuerda que su anterior visita in loco se produjo el 2006 y afirma que “desde aquella fecha, Bolivia ha experimentado una serie de importantes transformaciones sociales basadas en reclamos históricos”, mismas que fueron recogidas en la Constitución Política del Estado, de 2009.

“Con el nuevo marco constitucional, se han producido significativos avances en la disminución de la desigualdad en grupos humanos tradicionalmente excluidos de la atención estatal. Sin embargo, la implementación de esta nueva visión de Estado ha encontrado desafíos que impiden la garantía plena de los derechos reconocidos constitucionalmente”, señala la Comisión.

En ese sentido, la CIDH señala que entre los desafíos pendientes identificados se destacan “medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano”.

“Además, se notan los retos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersex”, señala.

La CIDH, asimismo,  nota la necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros.

El organismo, por otro lado, da cuenta de la continuidad de la “debilidad institucional histórica, afectada por la polarización política profundizada” y analiza cómo este fenómeno social agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país. “Además de afectar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión”.

El texto, en ese sentido, alerta que “la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 continúa representando amenazas serias a la cohesión del tejido social”, sobre todo por la división entre quienes consideran que hubo un “golpe de Estado” y quienes afirman que existió un “fraude electoral”.

Según la CIDH, esa discusión “entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de la población”.

Sin embargo, el organismo expresó esperanza de  que esa tendencia hacia la polarización es reversible, mediante acciones concretas dirigidas del nivel más alto del Estado y con la participación de las autoridades de distintos niveles y todos los sectores de la diversa sociedad.

Sugirió que se implemente una mesa de diálogo con alcance nacional y funcionamiento periódico entre los distintos sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas; evitar el ahondamiento de la polarización; prevenir la violencia y la discriminación étnico-racial; y contribuir a la gobernabilidad democrática.

El informe, asimismo, analiza los desafíos históricos del sistema de justicia y reitera que la población desconfía profundamente del Órgano judiciales, en especial del Sistema Penal, “percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder”.

“La CIDH observa que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta”, señala el texto.

Por otro lado, el informe contiene observaciones y recomendaciones para atender los desafíos pendientes en derechos humanos y pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones para el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas para ese fin.

“La CIDH reconoce la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia al escrutinio internacional, agradece la invitación para realizar la visita, que se llevó a cabo en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre, así como las facilidades logísticas y el respeto a su mandato. Finalmente, extiende su agradecimiento a la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad, y víctimas que presentaron sus informes, relatos y testimonios”, finaliza.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, resaltó el informe de la CIDH y reafirmó el compromiso del Gobierno de trabajar con ese organismo internacional “por los derechos humanos de todos los bolivianos”.

“Asumimos el compromiso de trabajar con la CIDH por los derechos humanos de todos los bolivianos, la agenda que nos proponen será exitosa si todos asumimos el compromiso de trabajar unidos por las nuevas generaciones”, acotó.