Ante el posible traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho de la cárcel de Chonchocoro, La Paz, a Palmasola, Santa Cruz, para que se presente en la audiencia por el caso Decretazo, las organizaciones sociales activaron sus alarmas ante el riesgo de una convulsión social en el país.

“Creemos que el juez que ordenó el traslado de Camacho no midió las consecuencias que podrían ocurrir en el país. No pensó que se puede desatar una convulsión social”, advirtió ayer el ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Marcelo Mayta.

Luego de que se conoció que el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, ordenó el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho de Chonchocoro a Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio por el caso Decretazo, las organizaciones sociales encendieron las alarmas y rechazaron el fallo judicial.

“Queremos que los hermanos entiendan que Luis Fernando Camacho hizo mucho daño y causó muertes en el país, y por eso las organizaciones sociales no vamos a dejar que se vaya a Santa Cruz”, enfatizó el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Lucio Quispe.

Los sectores sociales exigen que el juicio por el caso Decretazo se desarrolle de manera virtual y no presencial.

El exejecutivo de la CSUTCB Adalberto Ticona consideró que el traslado podría convulsionar al país y perjudicar el censo del sábado.

El gobernador cruceño está recluido en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado, pero sobre él pesan otros delitos, uno de ellos se debe a que en 2022 emitió un decreto con el que delegó funciones como primera autoridad del departamento a uno de sus secretarios y no al vicegobernador Mario Aguilera.