A comienzos de año se podía afirmar que el país tenía tres grandes desafíos por delante: las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones previstas para 2025. También estaba claro que la economía requería atención especial para enfrentar con eficacia la escasez de dólares y los problemas del abastecimiento de diésel y gasolina.

Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo en 2023, antes de que concluya el mandato constitucional de seis años de los altos magistrados del Órgano Judicial. La opinión pública sabía perfectamente que las elecciones de jueces mediante el voto popular no solucionarían la profunda crisis del sistema judicial, pero no había otra opción en vista del fracaso de las propuestas alternativas de reforma integral de la justicia. Había que conformarse por tanto con la realización de elecciones antes de fin de año. Es sabido que la preparación de la correspondiente ley de convocatoria fue demorada una y otra vez mediante innecesarias consultas que impidieron la convocatoria en el momento oportuno para cumplir con el reemplazo de los altos magistrados del Órgano Judicial. Antes de que concluya el año ocurrió sin embargo el hecho insólito de que los propios magistrados decidieron autoprorrogarse en franca violación de la Constitución Política del Estado y del principio universal de que un juez no puede fallar en favor de sí mismo.

En el curso de las semanas siguientes quedó demostrado que la disputa interna del MAS por la candidatura a las elecciones de 2025 no sería resuelta por procedimientos internos de esa organización política, sino que se trasladaría al ámbito de la justicia, y es por eso que la Asamblea Legislativa se enredó en una compleja negociación parlamentaria en que están involucradas: (i) la destitución de los magistrados autoprorrogados, (ii) la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y (iii) la aprobación de créditos del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fonplata, Japón y Corea del Sur, por un monto de $us 795 millones.

La disputa respectiva se ha centrado a la postre alrededor de la secuencia en que se aprobaría cada uno de los tres aspectos, y esto en vista de que, para el Gobierno la prioridad son los créditos y la anulación de la destitución de los autoprorrogados, mientras que las bancadas de la oposición y de la fracción evista han hecho lo imposible por evitar la aprobación de los créditos antes de que se resuelva la destitución de los autoprorrogados y se convoque debidamente a las elecciones judiciales.

A la hora de escribir esta columna no está en absoluto resuelta la disputa en la Asamblea Legislativa, que tiene una composición política diferente en ambas cámaras, ni tampoco se han suspendido definitivamente los bloqueos de carreteras relacionados con demandas que favorecen a la fracción de Evo Morales en el MAS y a su correspondiente postulación como candidato en las elecciones de 2025.

La polarización política dentro del partido de gobierno ha alcanzado también a las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, y eso no sería tan grave si es que no hubieran ocurrido los hechos bochornosos de todos conocidos. Por eso, no es exagerado afirmar que la Asamblea Legislativa ha quedado severamente dañada en su imagen pública y en su función primordial de primer poder del Estado y foro central de la deliberación política del país.

Es un resultado que despierta malos presagios respecto de las expectativas frustradas que se manifestarán cuando se entreguen los resultados del Censo el próximo 31 de agosto. No es probable que para entonces el Gobierno cuente con las capacidades institucionales suficientes para gestionar las discordias derivadas del Censo y de la insatisfacción económica creciente.

 Horst Grebe es economista