El procurador general del Estado, César Siles, señaló este domingo que el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justica no resuelva el incidente presentado el viernes, esto en razón que como institución no fueron notificados para ser parte del inicio del juicio oral de la autoridad cruceña 

“(Como Procuraduría) somos parte de ese proceso llamado Decretazo, la Procuraduría el viernes se apersonó ante el Tribunal (de Sentencia N° 8 de Santa Cruz) que ha dispuesto el traslado presentando un incidente de nulidad o de corrección de procedimiento, puesto que no hemos sido notificados para ser parte de este juicio al cual debería ser trasladado al señor Camacho”, indicó Siles.

Este lunes comienza el juicio oral de Camacho, quien debe declarar en el marco de las investigaciones del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Siles indicó que la posición de la Procuraduría, institucionalmente, y por el memorial que presentó es que “no puede realizarse el traslado hasta que se resuelva ese incidente”. “Mañana estaremos presentes en Santa Cruz, haciendo valer ese derecho que tiene la Procuraduría”.

Ante las declaraciones del procurado, Martín Camacho, defensa del gobernador detenido, señaló que si fuera verdad que existe el incidente, este debe resolver en audiencia de juicio oral conforme a la norma. 

“Si fuera verdad que existe un incidente este debe resolverse en audiencia de juicio oral conforme al art. 345 de la Ley 1970 y para que la audiencia se instale deben estar todas las partes especialmente @ElgobernadorLfc. La ley es clara y no se discute”, escribió el jurista desde su cuenta de X.

La tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que la situación del traslado de Camacho a Santa Cruz la deben definir la Justicia y autoridades de Régimen Penitenciario.

“Este no es un tema que lo define el ministro de Gobierno, lo define la Justicia y las autoridades de Régimen Penitenciario. Es importante determinar si existen las condiciones para poder trasladar a esta persona privada de libertad de un territorio hacia otro”, dijo.

Indicó que se debe evaluar si existen las condiciones para que no se genere una convulsión social tanto en La Paz como en Santa Cruz y que este traslado no cause una conflictividad al interior del penal de Palmasola.