Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 10 de marzo de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Conflictos limítrofes
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Quedan apenas 13 días para el Censo Nacional de Población y Vivienda y los habitantes de Piso Firme están en alerta porque el Instituto Nacional de Estadística pretende contarlos como parte del departamento de Beni y no de Santa Cruz.
Ya fueron los técnicos y, durante las últimas semanas, han sido expulsados por los pobladores, porque rechazan dejar de ser cruceños, parte del municipio de San Ignacio de Velasco. Llamativamente, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, salió a justificar el reclamo beniano de ese territorio, que es la puerta de entrada al parque Noel Kempff Mercado. Argumenta que hay una ley de hace 100 años en la que se certifica que Piso Firme es parte de Beni y no de Santa Cruz. No obstante, en todo ese tiempo, el poblado ha sido cruceño y ha sido atendido por los gobiernos de este departamento.
El gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, explicó, por ejemplo, que las campañas de vacunación y de atención de salud llegaron a Piso Firme para atender a sus habitantes.
Hay más, en las elecciones nacionales, municipales y departamentales, los habitantes de Piso Firme votaron para elegir autoridades de Santa Cruz: diputados, senadores, alcaldes, asambleístas, gobernadores y concejales.
El Tribunal Departamental Electoral tiene tres asientos en ese lugar. Los pobladores reciben servicios del municipio de San Ignacio de Velasco. O sea, su pertenencia a Santa Cruz no fue cuestionada durante los 100 años a los que se refiere el viceministro de Autonomías. Sin embargo, de la noche a la mañana se desempolva una ley y se pretende imponer que el censo cuente a los de Piso Firme en Beni.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, lanzó la advertencia y denunció el Decreto 5050, de octubre del año pasado, en el que se aprueba la cobertura de límites de unidades territoriales.
Explicó que con esta norma y con el hecho de que el censo ubique a Piso Firme como parte de Beni, se le arrebatará a Santa Cruz medio millón de hectáreas, sin contar a la población correspondiente, mayoritariamente integrada por indígenas chiquitanos. El hecho tiene muchas connotaciones que generan preocupación. La primera es si el conflicto puede poner en riesgo la realización del Censo o, al menos, ponerlo en discusión.
La segunda tiene que ver con que alrededor de Piso Firme hay avasallamientos de tierras que no tienen control adecuado de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria y se trata de personas (afines al Movimiento Al Socialismo) que pretenden ser contadas para después exigir servicios y posibilitar la consolidación de su presencia la zona como propietarios de las áreas que invadieron. En Santa Cruz hay una gobernación que rechaza esta posibilidad.
El lunes habrá una reunión entre los gobernadores de Santa Cruz y Beni junto con el viceministro de Autonomías. Será un encuentro para que lleguen a un acuerdo sobre el conflicto.
Este encuentro debió realizarse antes de que se promulgue el decreto 5050, antes de que el INE decida unilateralmente censar a los habitantes de Piso Firme como benianos y no como cruceños. En suma, como siempre, el problema pudo ser evitado con mucha anticipación.
Es de esperar que prime la cordura y que las autoridades cruceñas hagan escuchar su voz en defensa del territorio, ya que -así como Beni dice estar amparado en una ley- hay documentación y jurisprudencia que demuestran que los pobladores de Piso Firme están en lo correcto cuando reclaman que se les reconozca su pertenencia a Santa Cruz.