Los reclusos del penal de Palmasola, en Santa Cruz, rechazaron recibir al suspendido gobernador Luis Fernando Camacho, de ser trasladado a la capital cruceña para el juicio por el caso “decretazo”, aseguró este miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

De ser llevado Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro hasta la capital oriental, deberá ser internado en Palmasola, como parte del cumplimiento de las medidas de detención preventiva que tiene en su contra. 

“Estamos de acuerdo que llega a un juicio con todo el debido proceso, y que obtenga una sanción correspondiente (…) Hay un voto resolutivo de los privados de libertad de Palmasola, no quieren recibir a Luis Fernando Camacho”, explicó Del Castillo. 

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz programó para el 11 de marzo el inicio del juicio presencial del denominado “caso decretazo” en contra de Camacho, y dispuso que el acusado esté presente.

Los asambleístas departamentales del MAS Clemente Ramos, Delfi Rentería y Raquel Valencia presentaron un recurso con la finalidad de revertir la orden y advirtieron que este posible traslado podría generar caos y zozobra; sin embargo, el Tribunal insiste en el traslado. 

Ante esta situación, Del Castillo explicó que Camacho tiene más procesos en su contra, por lo que la audiencia debería ser virtual, no presencial. 

Se prevé que en las próximas horas se presentará ante la autoridad judicial el voto resolutivo de los reclusos de Palmasola y el informe de la unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana sobre los riesgos que implicaría trasladar a la suspendida autoridad. 

De hecho, el ministro advirtió que la presencia de Camacho podría generar movilizaciones violentas como las suscitadasel 28 de diciembre de 2022, tras su aprehensión en Santa Cruz.

“Todos esos informes lo vamos a aportar a los jueces de turno”, indicó la autoridad.  

Camacho es procesado por el decreto 373 de marzo de 2022, a través del cual delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.