El exprocurador general del Estado y ahora abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilfredo Chávez, criticó duramente la liberación de dos exministros de Jeanine Áñez y calificó el hecho como “traición” a las víctimas de las masacres de 2019.

“(Es) una infame traición al pueblo asesinado en Sacaba y Senkata durante la dictadura de Añez y sus secuaces. Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán firmaron el decreto de la muerte, 4078; el actual gobierno cómplice por su inacción y el sistema judicial en duda. ¿Quiénes más salieron?”, reclamó en su cuenta de X.

El decreto al que se refiere el exfuncionario fue aprobado y publicado el 14 de noviembre de 2019, a dos días de que la expresidenta Jeanine Áñez asumiera, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores y, luego, la Presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario y sin la presencia de la bancada del MAS, que entonces ostentaba la mayoría parlamentaria.

La norma eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armada y la Policía Boliviana por el posible exceso en el uso de la fuerza contra manifestantes, que entonces se movilizaban a favor de Evo Morales y en contra del régimen entrante.

Jeanine Áñez

Con el “blindaje” de ese decreto, los uniformados reprimieron a movilizados que entonces reclamaban “respeto a la democracia” y protestaban por la salida de Morales.

La primera jornada violenta ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando la Seis Federaciones del Trópico se movilizaba de Sacaba hacia Cochabamba.

Al final del intervención policial y militar, hubo 10 personas fallecidas, la mayoría a bala, según confirmó meses después el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En algunos casos, hubo ejecuciones extrajudiciales, concluyó el informe.

Cuatro días después, el 19, los militares y policías volvieron a ejercer violencia, esta vez en la zona de Senkata, en El Alto, con el mismo número de fallecidos.

Masacres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI calificó ambos hechos como masacres.

Abrogado el 28 de noviembre de ese año, el Decreto Supremo 4078 contó con la firma de los exministros Karen Longaric Rodríguez; Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero; Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega.

Coímbra, Guzmán y Áñez fueron los primeros detenidos por su vinculación con los hechos de 2019. Al inicio de su detención fueron acusados en el caso Golpe de Estado I, en relación a los hechos precedentes al derrocamiento de Morales.