A menos de 3 días de concluir el plazo para postulantes a altos cargos del Órgano Judicial que serán elegidos mediante elecciones judiciales, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural recepcionaron la documentación de 96 postulantes (hasta las 14:00 de este viernes), de los cuales 22 son mujeres, sin embargo, con esta cifra existe un riesgo de declararse desierta la convocatoria por no existir el cumplimiento de paridad de género, tal como lo estipula el reglamento.

“Esto de acuerdo a lo que está establecido, si es que no se llega a cumplir hasta el día domingo, lastimosamente pues tendría que declararse la convocatoria desierta porque no se estaría cumpliendo con las exigencias constitucionales de género y también plurinacionalidad que entendemos que tampoco está existiendo”, informó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Gabriela Ferrer.

La diputada que está en la comisión de recepción de documentos señaló que solo el Consejo de la Magistratura está cumpliendo con los parámetros establecidos de paridad de género, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, aún no cumplen con las condiciones que exige el reglamento.

Los horarios para la presentación de la documentación son de 08:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes. Mientras que los fines de semana y domingos la oficina atenderá de 08:00 a 12:00. Sus oficinas están situadas en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Vencido el plazo de 20 días y registradas todas las postulaciones, la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva elaborará el acta de cierre del libro en presencia de una notaria, que señalará la cantidad de postulantes registrados.

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Requisitos comunes

La convocatoria exige el cumplimiento de seis requisitos comunes: contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones; no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

Además, el postulante no debe tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no tiene que contar con antecedentes de violencia en contra de una mujer o cualquier miembro de su familia, y no debe tener sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.