En medio del conflicto en la Cámara de Diputados, la bancada de Creemos pidió este jueves trasladar, de manera provisional, la Asamblea Legislativa a otra ciudad mientras no existan garantías para sesionar en La Paz.

Mediante un comunicado, los diputados de esa alianza piden el traslado hasta que el Gobierno ofrezca garantías para sesionar “como institución básica de la democracia y de la libertad en Bolivia”.

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“(…) Lo que exige (Luis) Arce y sus fuerzas violentas es que la Asamblea y los parlamentarios legalicemos la prórroga ilegal e inconstitucional del mandato de estos magistrados; que se han convertido en socios políticos del gobierno del MAS. Como bancada proponemos un debate inmediato para tratar el traslado provisional del parlamento a otra ciudad del país; hasta que el Gobierno ofrezca las garantías democráticas”, dice la nota.

El pronunciamiento se dio tras más de 36 horas del cuarto intermedio decretado en la Cámara de Diputados y la imposibilidad de reinstalar la sesión debido a que un grupo de diputadas de oposición tiene tomada la testera exigiendo la modificación en el orden del día.

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Asamblea

“En este momento cuando la democracia está bajo un ataque de Arce y sus delincuentes, ratificamos nuestro firme compromiso con las instituciones. Vamos a defender la democracia, pero porque no hay más salida para la crisis política y económica”, acota.

El diputado Óscar Michel denunció que “funcionarios públicos” los tienen secuestrados y presionan para que no salgan ni ingresen.

El comunicado se envió también al presidente nato del Congreso, David Choquehuanca.

“Puede ser Tarija, puede ser el mismo departamento de Santa Cruz, puede ser el departamento de Cochabamba, pero tiene que ser en un departamento donde nos garanticen a nosotros que podamos trabajar y podamos debatir”, afirmó.

Desde el jueves, cuando la oposición y el oficialismo se enfrascaron en un bochorno. La Cámara de Diputados no logra reunirse para aprobar créditos y considerar los proyectos de ley 073 y 075; sobre la suspensión de plazos procesales y el cese de magistrados y consejeros, respectivamente.