Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 08 de marzo de 2024
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Los créditos internacionales que ya causa desesperación en el Gobierno llegaron hasta la Cámara de Senadores, sin embargo, los proyectos tomaron distintos caminos.
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Los créditos internacionales que ya causa desesperación en el Gobierno llegaron hasta la Cámara de Senadores, sin embargo, los proyectos tomaron distintos caminos. Uno de los proyectos está en espera de un informe que pidió la directiva; este jueves el pleno envió a la comisión de Planificación otros dos créditos; mientras que cuatro están en sala de espera hasta a siguiente semana.
El proyecto de ley 255 que aprueba el préstamo de $us 56 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) destinado a la construcción de la carretera Faja Norte, en Yapacaní, Santa Cruz; y el proyecto de Ley 145 de $us 67.246.082 para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz-Oruro, tramo Senkata-Apacheta, también de Fonplata fueron enviados a la comisión de Planificación Económica, que está dirigida por el evista, Isidoro Quispe Huanca.
El proyecto de ley 079 que se refiere al préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo Confital-Bombeo está en veremos, pues se trata del proyecto aprobado en la polémica sesión del 22 y 23 de febrero que estaba dirigida por la diputada Verónica Challco (MAS-ala arcista).
Mientras que los otros cuatro créditos: el proyecto 156 por $us 100 millones aproximadamente del Jica; el 254 del BID por $us 200 millones unido al del Banco Mundial por $us 125 millones, ambos para electrificación rural; el 189 del BID por $us 62 millones, para la ampliación del teleférico; y el 268 del BID por $us 52 millones, que es considerado de libre disponibilidad, quedaron en sala de espera hasta la siguiente sesión.
15 días hábiles
La bancada arcista pidió que todos los proyectos al tener informe de la Cámara de Diputados deberían ser tratados con prioridad, el senador Rubén Gutiérrez (MAS-ala arcista), solicitó una explicación de la demora.
“Se ha mandado nota porque se requiere mayor información sobre las notas presentadas, en torno al primer crédito (aprobado por Challco) estamos a la espera de la respuesta de secretaría general de Diputados, llega eso y mandamos a la comisión, no hay inconveniente”, respondió el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
De acuerdo con el artículo 129 del reglamento de debates del Senado la instancia a la que derivan un proyecto de ley tiene 15 días hábiles para tratar el documento, es decir que la comisión de Planificación tiene plazo hasta el 28 de marzo cuando debe entregar su informe al pleno, rechazando o recomendando su aprobación.
La senadora Eva Humerez (MAS-ala arcista) protestó porque no se trate de una vez los siete créditos y acusó a sus correligionarios del evismo se sabotear la gestión de Luis Arce al demorar deliberadamente su tratamiento. El reglamento de debates en su artículo 128 indica que todo proyecto debe ser enviado a una de las 12 comisiones que tiene este cuerpo legislativo.
Seguridad
Mientras que los opositores de Comunidad Ciudadana y Creemos exigieron a la presidencia del Senado a garantizar el trabajo que tendrán en la comisión y en el propio pleno recordando lo que sucedió en Diputados los días 22 de febrero y 1 de marzo cuando el hemiciclo de Diputados fue invadido incluso por funcionarios que no tenían nada que ver en el trabajo legislativo.
La senadora Cecilia Requena (CC) relató alarmada lo sucedido entre el jueves 29 de febrero y la madrugada del 1 de marzo. Dijo que las tarjetas magnéticas que tienen los senadores fueron anuladas para impedirles usar las puertas de emergencia.
Aseguró que el edificio parlamentario no cuenta con detectores de metal y por tanto cualquier persona puede ingresar sin ser controlado porque hay diputados que no permiten que la Policía registre a los visitantes.
Dijo que los ascensores, de uso exclusivo de los legisladores, fueron habilitados para subir a personas ajenas al Legislativo.
