Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) a la cabeza de la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Laura Luisa Nayar, anunciaron el envío de dos misivas dirigidas a la Comisión Europea y al gobierno de Estados Unidos, para solicitar el retiro de las visas del presidente Luis Arce Catacora, del vicepresidente David Choquehuanca, del presidente de esa instancia legislativa, Israel Huaytari; así como de asambleístas y ministros; por vulnerar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.

Según la diputada Nayar, se pide también al gobierno estadounidense y el bloque continental, el congelamiento de las cuentas bancarias que pudieran tener en el exterior los aludidos. La petición contra las altas autoridades se determinó por el ‘secuestro’ al parlamento y por haber permitido el cerco de organizaciones sociales durante la aprobación de los créditos.

“La serie de arremetidas del Movimiento al Socialismo dentro de la Cámara de Diputados, cercenando las atribuciones que tenemos como parlamentarios, propiciando un secuestro por parte de los grupos de choque del MAS como también por los propios funcionarios de la Cámara de Diputados es que hemos decidido enviar esta misiva a distintos organismos internacionales solicitando justamente sanciones para los personeros del gobierno del MAS”, anunció

En las cartas, los firmantes aseguran que, “el gobierno de Arce ha iniciado una serie de acciones que embisten y transgreden las facultades que tiene el Órgano Legislativo, siendo este el primer poder del Estado. Su objetivo es anular esta instancia para instaurar un régimen autocrático en Bolivia”, aseguran, así como restringir cada vez más los derechos y las libertades en el país.

En las cartas mostradas, los parlamentarios solicitan a los destinatarios “ejecutar las sanciones correspondientes contra quienes vienen vulnerando la democracia en Bolivia y se proceda a suspender el visado y a congelar todas las cuentas bancarias, (…) del presidente Luis Arce, vicepresidente David Choquehuanca,  los miembros del gabinete ministerial, legisladores del MAS que son sus operadores y a los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial”.

Como prueba de sus afirmaciones, el grupo adjuntó un legajo sobre los hechos acontecidos y la nómina de quienes supuestamente vulneran la Constitución Política del Estado, las leyes y las atribuciones de la Asamblea Legislativa.