A 16 días del Censo Nacional de Población y Vivienda, el conflicto limítrofe de Santa Cruz y Beni se judicializa y llega al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este miércoles, el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) en contra de la Ley 846, que delimita las fronteras entre Santa Cruz y Cochabamba afectando a comunidades indígenas benianas.

“Presentamos una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra la Ley 846 que delimita un punto tripartito entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, y el Beni fue obviado. Esta ley ha sido clandestina, no socializada, donde nos cercena comunidades originarias del Tipnis”, manifestó Unzueta luego de dejar su memorial en el TCP, en Sucre.

La autoridad dijo que, sumando otros territorios benianos, como el Polígono 7, se estarían perjudicando con casi 1 millón de hectáreas. Al menos 42 comunidades del Tipnis estarían siendo afectadas con la delimitación de la Ley 846.

Beni y Santa Cruz se disputan la comunidad indígena de Paso Firme.

“SIEMPRE FUE BENIANO”

“Piso Firme siempre fue beniano y será siempre desde el Barrancón de Bella Vista hasta la Cachuela Chapacura, ese territorio siempre ha sido beniano”, enfatizó Unzueta.

Dijo que en 2021 enviaron una carta al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para resolver este conflicto en el marco de la hermandad y que, como resultado de esta gestión, hay un decreto que especifica la cuestión limítrofe.

Incluso, este año Beni envió una comisión con técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para sentar territorialidad en la zona y definir la logística con miras al Censo. “No fuimos a desalojar ni nada”, aclaró.

DENUNCIA

El martes, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, denunció la reducción de 500 mil hectáreas del territorio de su departamento en el próximo Censo y solicitó al gobernador en suplencia, Mario Aguilera, activar todos los recursos legales y técnicos disponibles para revertir esta situación.

Por su parte, Aguilera informó este miércoles que gestiona una reunión con autoridades del Gobierno nacional para lograr un acuerdo con Beni a fin de mantener “los límites históricos” entre ambos departamentos.

“Nosotros emitimos una comunicación al Viceministerio (de Autonomías) y también lo hemos hecho a la ministra de la Presidencia (María Nela Prada) para llevar este tema a una mesa y construir un acuerdo entre Beni y Santa Cruz para mantener los límites históricos que por ley están refrendados”, dijo.

TRIPARTITO

La Ley 846, de octubre de 2016, promulgada por el expresidente Evo Morales, establece la delimitación de cinco tramos del límite interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, hasta el extremo de fijar un punto tripartito que toca al territorio de Beni.

POSICIONES

• La presidenta de la comunidad del Tipnis, Leyza Araunes, expresó su respaldo a la iniciativa de la Gobernación beniana, que busca hacer declarar inconstitucional la Ley 846, y anunció que se opondrán a ser censados como cruceños.

• Piso Firme sostiene que pertenece al departamento de Beni y no a Santa Cruz. Además. Responsabilizan directamente al Viceministerio de Autonomías y al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre cualquier eventualidad. 

• El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo este miércoles que, de acuerdo a la actualización cartográfica y la normativa vigente, la comunidad de Piso Firme y otras aledañas pertenecen al departamento de Beni.

Amenaza de indígenas de Paso Firme

Mediante un comunicado, que cita el diario El Deber, los indígenas de la comunidad de Paso Firme amenazaron con no permitir el ingreso de los agentes censales de Beni.

“Primero, presentará una carpeta histórica de la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme para la revisión y consideración de la misma. De la misma manera, remitiremos una copia de la carpeta histórica al Viceministerio de Autonomías, a través de nuestro alcalde municipal, Carlos Rudy Flores y de nuestro gobernador, Mario Aguilera”, dice la nota.

Luego, “en caso de que nuestra demanda no fuese aceptada, el próximo 23 de marzo del 2024 no permitiremos el ingreso de los agentes censales del departamento de Beni en nuestra comunidad y responsabilizamos al viceministro de Autonomías y al Instituto Nacional de Estadística (INE) por las consecuencias que generen dicho acto”.