A más de un mes del acuerdo bicameral firmado por los representantes de las tres fuerzas políticas, los plazos están vencidos, salvo el de la aprobación de la Ley de Elecciones Judiciales, que se cumplió a tiempo. 

La Asamblea Legislativa se encuentra entrampada en el escándalo y la pulseta de no acabar, situación que desahucia el acuerdo del 2 de febrero que destrabó las rezagadas elecciones judiciales y marcó una hoja de ruta para el debate parlamentario.

Aquel día, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, acordó con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, jefes de bancada y titulares de comisión una agenda para salvar la crisis política. Había presión de la Declaración Constitucional 049/2023, con la que el Tribunal Constitucional amplió el mandato de los magistrados y consejeros mientras sean sustituidos con las elecciones judiciales.

El punto 1 de ese pacto definía la aprobación del Proyecto de Ley 144 —aprobado en la Cámara de Senadores el 31 agosto de 2023 y observado por el Tribunal Constitucional— en sesiones por tiempo y materia en ambas cámaras entre el 5 y 6 de febrero.

Los legisladores de oficialismo y oposición cumplieron con creces ese acápite del acuerdo, y el presidente Luis Arce terminó promulgando la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el 6 de febrero.

Sin embargo, el punto 2 generó pulsetas irreconciliables hasta la fecha. “Respecto de los proyectos de Ley Nro. 073/22-23 y 075/22-23, los mismos serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley Nro. 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3”, señala el acuerdo.

Y el punto 3 describe el orden de los proyectos de ley de créditos.

Luego de más de una semana de divergencias sobre la convocatoria a preselección de postulantes, que derivó de la nueva ley, la pulseta se concentró en la interpretación de ese punto. Mientras el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) considera que primero deben considerarse los siete créditos, el evismo y la oposición propugnan la discusión de los proyectos de ley 073 y 075 antes.

Respectivamente, ambos proyectos proponen la suspensión de plazos procesales y al cese de magistrados, en respuestas a la Declaración Constitucional 049/2023, que, ante el rezago de las elecciones judiciales, prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 y cuyo mandato de seis años venció el 31 de diciembre.

Luego de días de la toma de la testera por parte de la oposición y las peleas escandalosas del jueves y el viernes, la Cámara de Diputados finalmente aprobó cinco de siete proyectos de ley de créditos, al trámite se frenó en la Cámara de Senadores. Una semana antes, también en polémica sesión, había sido aprobado Proyecto de Ley 079, de crédito para un tramo de la doble vía a Cochabamba.

Dichos créditos, por un valor de $us 746,3 millones, se refieren a fondos para la emergencia del COVID-19, un programa de electrificación rural, el tramo de ocho carriles Senkata-Apacheta de El Alto, la carretera Faja Norte de Yapacaní (Santa Cruz), el tramo Confital-Bombeo de la doble vía Caracollo-Colomi y la ampliación de la Línea Café del teleférico en La Paz.

Al concluir la sesión polémica, el viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, de ala arcista del MAS, suspendió la sesión y dejó en el limbo los proyectos de ley referidos a la prórroga.

Sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, en la que la correlación de fuerzas es más compacta respecto del arcismo, propuso una resolución, alterna a los conflictivos proyectos de ley, para su discusión en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Hasta el martes, los créditos no estaban consignados en la agenda del Senado. Y este miércoles, al instalar la sesión, el presidente de ese órgano camaral, Andrónico Rodríguez, del ala evista del MAS, dijo —ante la consulta sobre el asunto de su colega arcista Rubén Gutiérrez— que “falta alguna documentación adicional al paquete de proyectos (créditos)”.

“Y al primero (el Proyecto de Ley 079) que aprobaron (le) falta el informe de la Secretaría General de Diputados”, aclaró el también dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el abogado del MAS evista Wilfredo Chávez dijo que los créditos no serán abordados en el Senado mientras no se consideren los proyectos de ley 073 y 075.

Así, las trabas son de ida y vuelta. Como respuesta a esa advertencia, el senador Gutiérrez afirmó en La Razón Radio que mientras el Senado no apruebe los créditos, Diputados no considerará los dos proyectos de ley sobre la prórroga. “Hay una hoja de ruta”, afirmó en relación a la prelación Proyecto de Ley 144 (ahora Ley 1549)-al menos cuatro créditos-proyectos de ley sobre prórroga.

Así fue, dicho órgano camaral trabajaba el miércoles en comisiones, ajeno a los asuntos que generan divergencias entre las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Ante esta situación, el presidente Luis Arce insistió en su reclamo a la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de los créditos. “Nuevamente, instamos a los legisladores (senadores) a trabajar por el desarrollo del país más allá de cualquier interés personal y partidario”, dijo en la sesión de honor de homenaje a El Alto, este miércoles.

A más de un mes del acuerdo bicameral firmado por los representantes de las tres fuerzas políticas, los plazos están vencidos, salvo el de la aprobación de la Ley de Elecciones Judiciales, que su cumplió a tiempo.

Los proyectos de ley 073 y 075 debían “tratarse” por tiempo y materia “en la sesión siguiente” a la aprobación del Proyecto de Ley 144 (ahora Ley 1549) y “de al menos” cuatro créditos. Diputados aprobó seis de los siete créditos y quedó observado uno, el del Programa de Electrificación Fase III.

Los siete créditos debían tratarse y aprobarse en las cámaras de Diputados y Senadores “entre el 5 y 9 de febrero de 2024”.