Hay poca respuesta de mujeres a la convocatoria a candidatos para las elecciones judiciales, a cuatro días de fenecer el plazo de postulación; de los 36 inscritos hasta las 15:00 de ayer, sólo cuatro son mujeres, alertaron diputados del oficialismo y de oposición.

Desde el TSE aclararon que esperan de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las listas en el tiempo previsto y bien elaboradas, es decir, en el marco de la paridad y la inclusión.

“En las ternas deben ir dos hombres y dos mujeres; uno de los cuatro debe ser indígena”, aclaró el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe.

Reiteraron que, en caso de no cumplir con los criterios establecidos en la normativa, serán rechazados. “La responsabilidad del envío de la lista de los candidatos preseleccionados es responsabilidad de la Asamblea Legislativa”, reiteró Tahuichi Tahuichi.Aclaró que cualquier demora en la ALP repercutirá en el desarrollo de los comicios judiciales. “Día de retraso en el envío de listas al Órgano Electoral es día de retraso en las elecciones judiciales”, sostuvo.

Inicialmente, se prevé que las elecciones judiciales sea en septiembre.

Si en los 80 días que tiene la ALP no logra tener las listas completas de los postulantes, conforme a las disposiciones establecidas, se posterga. “Si se posterga un mes, la elección se posterga un mes también las elecciones porque a partir de la lista bien hecha tenemos hasta 150 días para realizar las elecciones judiciales”, añadió el vocal.

Sobre el tema, el presidente de Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que de be haber por lo menos unos 600 inscritos sólo para los tribunales Supremo y Constitucional.

Altos cargos judiciales

Las elecciones judiciales debían realizarse en 2023 y la vigencia del cargo de las nuevas autoridades judiciales y constitucionales fenecía el 31 de diciembre.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adelantaron que las elecciones se realizarían en septiembre si los plazos establecidos en la ley se cumplen en cada una de sus etapas.

Los actuales magistrados son duramente cuestionados por haber promulgado una sentencia constitucional para prorrogarse en sus cargos indefinidamente.