El jurista indicó ante las cámaras de Red Uno que, con esta determinación, se descarta 'toda posibilidad' de una audiencia virtual y se ratifica "la necesidad de la presencia personal, permanente e ininterrumpida de las partes, como está prevista en el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal".

"No hay justificación ni para la convulsión social, ni para las manifestaciones, ni mucho menos para enfermedades como el COVID, como indicaron los asambleístas del MAS, que puedan justificar que el juicio pueda ser llevado de manera distinta a la presencial", dijo.

Afirmó que el tribunal se está manifestando de manera independiente, "no está permitiendo que el poder político, en este caso del ejecutivo o los asambleístas del MAS, ejerzan control sobre las decisiones jurisdiccionales", agregó.

En caso de no cumplirse el traslado, el abogado afirmó que "cuando la ley no se cumple, se debe ir preso. Si no cumplen con las obligaciones que tienen como autoridades, son pasibles de procesos", culminó.