Preocupado por las declaraciones del titular de Justicia, Iván Lima, en las que la autoridad insistió en la inconstitucionalidad de los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga judicial, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, afirmó que un ministro no puede direccionar el proceder de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y anticipó que la oposición respaldará el cese de magistrados en cuanto se convoque a sesión.
Afirmando que el acuerdo suscrito en la Vicepresidencia entre representantes de las tres fuerzas políticas se rompió por el incumplimiento del ala “arcista” en el MAS, Astorga reprochó que los intentos para mantener la ilegal prórroga sean reforzados por el Gobierno manteniendo al titular de Justicia en su cargo.
“(Iván Lima) es un ministro protegido por el actual Gobierno y quiere mantener a los autoprorrogados, eso se ha observado hoy (ayer) al momento en que esta autoridad fue prácticamente ratificada en su cargo”, sostuvo el legislador paceño.
Por lo señalado, rechazó que con declaraciones Lima trate de direccionar las acciones que se asuman desde la ALP con relación a la inconstitucional prórroga judicial.
“Un ministro tampoco puede venir a dar línea a la Asamblea Legislativa, ya que se trata de un Órgano completamente independiente y si se convoca a una Asamblea para tratar el tema de la prórroga, la oposición va apoyar una normativa que permita cesar a los magistrados y que se vayan de una vez a sus casas”, dijo.
El lunes, Lima recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional es la entidad encargada de velar por el control de constitucionalidad en el país, por ese motivo una ley emitida por la ALP no podría sobreponerse a una declaración emitida por los primeros; en relación a los proyectos de ley 073 y 075, manifestó que sus componentes principales fueron declarados inconstitucionales con anterioridad.
“Es necesario un debate jurídico en relación a la Disposición Cuarta de la Declaración Constitucional 49/2023 y de los proyectos de ley 73/2023-2024 y 75/2023-2024. Una ley no puede declarar la nulidad de pleno derecho de una declaración constitucional, insistir en esa vía genera responsabilidad de parte de los asambleístas. Mi opinión al respecto”, señaló la autoridad en su red social X.
La autoridad también manifestó que una ley no puede dejar sin efecto una decisión del TCP e indicó que los artículos 12 y 203 de la Constitución Política del Estado se refieren al tema, “el 12 señala que no se puede invadir la competencia de otro órgano del Estado y el 203 señala que quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional”.
“Es decir, una ley no puede ir en contra de una sentencia constitucional, esto rompería el control constitucional en Bolivia (…), es derecho vigente, una ley no dejará sin efecto una sentencia o declaración constitucional, es un principio jurídico básico y por más que eso ocurriría va a quedar como una más de las leyes que no pueden cumplirse”, explicó.
Subrayó que, el modelo de control de constitucionalidad está funcionando en el mundo. “Ni la 073, ni la 075 tienen posibilidad alguna de llevar a la práctica sus mandatos y lo que no está permitido en la Constitución definitivamente no se va a aplicar, porque el máximo intérprete de la Constitución, que es el TCP, dijo que la única forma de reemplazar a los magistrados es a través de la aplicación del artículo 203 de la Constitución”, explicó.