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Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 05 de marzo de 2024
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El Tribunal de Sentencia N° 8 del Tribunal Departamental de Justicia negó la audiencia virtual para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ratificó que los “juicios orales se vienen desarrollando de manera presencial bajo los principios procesales en el Código de Procedimiento Penal”.
“La audiencia en el caso ‘decretazo’ será presencial. El Tribunal negó la petición de audiencia virtual realizada por asambleístas del MAS. La ley esta para ser cumplida no para ser usada a capricho del presidente o de un ministro. El @ElgobernadorLfc tiene que venir a Santa Cruz”, escribió la defensa legal de gobernador cruceño, Martín Camacho.
Tras conocerse la notificación del traslado de Camacho a Santa Cruz, los asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitaron al tribunal de sentencia que se lleve la audiencia de juicio oral en contra de la autoridad cruceña de formar virtual.
De acuerdo al petitorio de los asambleístas Clemente Ramos, Dilfe Rentería y Raquel Valencia, esta resolución les “causa alarma y genera un agravio” que merece una “rectificación y enmienda” por parte de ese tribunal.En febrero se conoció la notificación del tribunal sentencia al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.
Es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.
En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.