Los asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo (MAS) Clemente Ramos, Delfi Rentería y Raquel Valencia presentaron un recurso al Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz, con la finalidad de revertir la orden de traslado del encarcelado gobernador Fernando Camacho de la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, a Palmasola, de Santa Cruz, para que enfrente el juicio oral por el caso "decretazo".

Además, solicitaban que la audiencia del juicio oral se realice de forma virtual porque advierten que se "generará un caos social" en Santa Cruz.

"Al ordenarse el traslado del acusado se va a provocar la imposibilidad de llevar el Juicio Oral, porque el mismo está detenido preventivamente en otro recinto penitenciario y dentro de otro caso, y eso generará un gasto para el Estado por el traslado del acusado a ese despacho judicial y su posterior retorno al recinto penitenciario de Chonchocoro, lo que igualmente generará mora y suspensión de audiencias", se argumentaba en la petición.

Por esa razón, los asambleístas, "al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 113 - II último párrafo del Código de Procedimiento Penal y el artículo 3 numerales 11 y 13 de la Ley 025" solicitaban "se revierta la decisión de traslado del mencionado acusado desde Chonchocoro de la ciudad de La Paz hasta la cárcel de Palmasola de esta ciudad de Santa Cruz, pidiendo que la audiencia señalada de Juicio Oral en el presente proceso, en la fecha indicada, se celebre de manera virtual en razón de todos los argumentos expuestos".

La decisión del traslado de Camacho fue asumida a finales de enero por el Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz para que enfrente el juicio oral por el delito de resoluciones contrataría a la Constitución y a las leyes debido a la aprobación del decreto departamental 373 de marzo de 2022 - cuando viajó a Brasil - que delegaba sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador Mario Aguilera, como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. No obstante, la pasada semana el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, expresó su desacuerdo con la decisión judicial.

Afirmó que el traslado de Camacho a Santa Cruz podría provocar convulsión social en esa ciudad, como la ocurrida el 2022, después de que el hoy suspendido Gobernador de ese departamento fuera aprehendido.

En esa línea, el la autoridad dijo que el trabajo principal del Ministerio de Gobierno es preservar la integridad de todo el pueblo boliviano, preservar la paz y la tranquilidad y por eso reiteró que el traslado de Camacho a Santa Cruz es inviable.

"La resolución de un juez no puede estar por encima de la seguridad del Estado", sentenció Del Castillo.

Por otro lado, el Ministro de Gobierno informó que los privados de libertad del penal de Palmasola emitieron un voto resolutivo en el que rechazan que Camacho sea trasladado hasta dicho centro penitenciario.

"Los privados de libertad en el departamento de Santa Cruz, en el centro de reclusión de Palmasola, ya han emitido un voto resolutivo que no quieren perturbar su tranquilidad al interior de Palmasola", manifestó.