La codicia de más de 100 operadoras mineras, entre empresas y cooperativas, pone en riesgo al municipio precolombino de Yanacachi, situado a 80 kilómetros de La Paz. Más del 90 por ciento de las operadoras asentadas en esta jurisdicción, no cuentan con un contrato administrativo minero ni adecuación minera, pero algunas se han dado a la tarea de dinamitar cerros boscosos, desviar ríos, amenazar de muerte a pobladores de comunidades enteras e incluso agredir a sus dirigentes.

Este municipio de Sud Yungas se erige entre los 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar (msnm). En su territorio conserva ruinas de asentamientos precolombinos, estampas del pasado colonial y un patrimonio arquitectónico único en la región.

No hace mucho, los vivientes del lugar se enteraron que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “lo había concesionado todo”. Ello significa que le dieron derecho a cooperativistas que buscan oro a explotar la zona dividida en cuadrillas.

Sandra Choque, de la comunidad Chaco, asegura que nadie les consultó previamente. Ahora resulta —dice— que tanto su casa como las de sus vecinos e incluso las escuelitas fueron dadas en concesión.

Tal situación se repite en la comunidad Florida, sin que hasta ahora autoridades del Ministerio de Minería, Medio Ambiente o la propia AJAM hagan prevalecer los derechos de los propietarios. “¿Será que no nos escuchan porque (las concesiones) le generan ingresos al Estado?”, dice Sandra molesta.

“Nos querían matar”

A Genoveva M., madre de cuatro hijos, le cuesta hablar sobre lo que ocurrió el pasado14 de julio de 2023, cuando una comitiva de la comunidad Chaco decidió ir al cerro que está enfrente de su comunidad, al otro lado del río Unduavi. Hacía varios días que escuchaban dinamitazos y no entendían la razón.

“Hemos caminado tres horas y cuando ya nos estábamos regresando, nos han emboscado, nos han arrojado cachorros de dinamita. Fue en el Valle de las Flores, yo estaba en la camioneta del municipio de Yanacachi, estaba el Oficial Mayor, mi otro hijo se quedó con su papá. A él ya no lo agarraron los mineros, pero lo golpearon a mi esposo. A mi hija la querían sacar a la fuerza de la camioneta para abusar de ella”, relata con la voz entrecortada.

Tal osadía llenó de coraje a la mujer, quien no solo defendió a su hija de 20 años, sino que también logró rescatar el celular que querían quitarle a la joven.

“También tenemos una prensa (periodista). A él también lo han agarrado y lo han golpeado, una pena, y a un señor de la tercera edad. A mí también me han pegado, nos han hecho de todo ahí arriba. Nos han querido matar”.

“Me siento impotente, porque nuestro municipio no ha salido a defendernos. Por eso la comunidad se ha movilizado. Cuando subimos al cerro, no hemos ido con ganas de molestarlos (a los mineros), sino de verificar lo que estaban haciendo (…). Mi hijito de 11 años ha quedado traumado de lo que lo han pegado a su papá, si hubiera tenido (dinero) hubiera actuado por otros lados”, afirma desconsolado.Lidia Canaviri, secretaria de Hacienda de la comunidad Chaco, responsabiliza a los mineros de San Vicente como los presuntos responsables de ingresar al municipio con maquinaria pesada, por la tala de árboles y la contaminación de sus aguas.

Según la dirigente, hay encubrimiento a la minería ilegal de parte de algunas autoridades. “Reparten como casino, les dan plata, les dan dinero y autorizan (las cuadrículas), pero para un pobre no hay justicia, y a nosotros nadie nos ha dado justicia”, dice.

Solo tres operadoras con contratos mineros

De acuerdo con el reporte de Datos &Hechos de Fundación Pueblo, durante el informe del concejal Marcial Gutiérrez de la Comisión de Tierra, Límites y Territorio; en Yanacachi operan más de 160 cooperativas y empresas mineras, pero solo tres por ciento de ellas paga regalías al Gobierno Municipal.

La senadora Cecilia Requena (CC) pidió un informe al respecto, y la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero identificó dos contratos administrativos mineros por adecuación y un contrato administrativo minero: la Cooperativa Minera Aurífera Progreso “15 de Diciembre” RL, la Cooperativa Minera Aurífera “Susisa” RL, y la Cooperativa Minera Aurífera “Puente Villa” RL.

“La AJAM nos respondió que debemos ser otro actor minero”

David Huanca, secretario general de la comunidad de Santa Rosa, se mostró preocupado porque la Empresa Minera Calepito SRL solicitó un contrato de derecho minero. De ser aprobado, afectaría los ríos Unduavi, Huajilaya y Takesi, que circundan las comunidades de Sacahuaya,  Chahuara, Santa Roza, Mocori y Quisno.

Ante tal situación, los dirigentes hicieron llegar un reclamo al director de la AJAM, Álvaro Antezana. “Según nos contestaron, no podemos reclamar si no somos otro concesionario de minas”, asegura.

Santa Rosa tiene 100 habitantes, que viven principalmente de la venta de hortalizas, la floricultura y otros productos agrícolas como la yuca, arveja, repollo, zanahoria y nabo, por lo que considera que es un atentado al derecho que tienen de contar con agua limpia.

“Nos hemos enterado mediante saneamiento de tierras, que tenemos títulos agrarios de aquí y del frente, pero sin realizar la consulta previa han tramitado los mineros y la AJAM  les quieren dar nomás las áreas para explotación”, sostiene Huanca.

La abogada María Elena Murillo señala que la Central Santa Rosa no solo presentó su rechazo a contratos administrativos mineros a favor de Calepito SRL.De acuerdo con el artículo 93 la Ley 535, no se puede dar concesiones cuando hay carreteras, “pero estas concesiones están afectando carreteras, postes de luz, viviendas que es otro de los impedimentos para dar este tipo de concesiones”, explica.