En su audiencia de juicio por el caso del supuesto hijo que tuvo con el expresidente Evo Morales, Gabriela Zapata declaró que su detención, el 2016, fue pactada con el Gobierno del propio Morales para “justificar la derrota del 21F”.

Gabriela Zapata fue detenida, casualmente, cinco días después de realizarse el referéndum conocido como el ’21-F’, en el que el 51% de la población rechazó modificar la constitución para permitir una nueva repostulación del entonces presidente Evo Morales.

"El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Wálter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican: 'vamos a esperar a la prensa'. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21F) con esa detención", declaró Zapata, según información de El Deber y Los Tiempos.

Zapata está imputada por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La denuncia en su contra fue interpuesta por Evo Morales por la presunta suplantación de identidad del supuesto hijo que tuvieron juntos.

Así, Zapata declaró ayer en el juicio oral que se instaló por el caso en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz.

Zapata fue la última en declarar y respondió a las preguntas de la presidenta de este Tribunal. Reveló así que actualmente estudia para piloto privado en un centro de adiestramiento de Cochabamba.

En el juicio también declaró el abogado William Sánchez Peña, quien en un momento defendió legalmente a Zapata. El jurista se encontraba prófugo y solicitó refugio a Perú.

El abogado dijo que siete ministerios se encargaron de buscar al hijo de Morales y de gestionar todo el caso.

De acuerdo con la declaración del abogado Sánchez Peña, él viajó al Perú el 17 de mayo de 2016 y solicitó asilo porque en Bolivia se había iniciado la persecución contra todos los que estuvieron involucrados en el caso del supuesto hijo de Evo Morales. "Vi que Héctor Arce (quien fue ministro de Justicia) y Álvaro García Linera (entonces vicepresidente) dijeron que iban a denunciarnos ante el Ministerio Público, el 17 de mayo (2016), me acuerdo muy bien, un periodista me llama y me dice: 'Existe mandamiento de aprehensión en contra de usted'. Por supuesto, yo agarro inmediatamente y me pongo a buen recaudo. Sí señora magistrada, porque no quería pasar lo que hoy muchos de los acusados han pasado, porque el abogado que habla en ningún momento cometió ningún delito", dijo Sánchez.

Dijo que Perú le dio asilo porque no encontraron elementos que lo vinculen con delitos.

"Por eso, en Perú se me otorgó el refugio, porque consideraron que yo era un perseguido político, además tomando en cuenta de que (en la audiencia de otorgación de asilo) por parte de los denunciantes estaba el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transparencia (a través de Lenny Valdivia) y el Ministerio de Defensa; es decir, estaban como siete ministerios y por supuesto allá decían: ¿por qué están estos ministerios? Justamente esa fue la acreditación de la persecución política", relató el abogado, siempre según El Deber.