El país ha visto azorado las escenas de pugilato que se han producido durante la última semana en la Cámara de Diputados, en la que parlamentarios a favor y en contra de la aprobación de leyes relativas a créditos y la crisis de la justicia se han agarrado a golpes frente a la falta de voluntad y de capacidad para construir acuerdos mínimos que respondan a la esencia del Legislativo, cual es el de constituirse en el espacio en el que se diriman las diferentes posiciones del pueblo boliviano mediante el debate pacífico.

No solo ello, sino que grupos de ciudadanos no parlamentarios ejercieron también amenazas y presiones sobre los diputados para que aprueben determinadas normas legislativas sin que la fuerza pública hubiera garantizado la seguridad e integridad de las instalaciones del Legislativo, brindando las garantías para que puedan sesionar y votar con plena libertad.

No es la primera vez que sucede, también se vieron este tipo de hechos violentos en legislaturas pasadas, aunque los sucesos de la última semana demuestran que siempre se puede estar peor y que el proceso de desinstitucionalización democrática se continúa agravando y profundizando.

La violencia política no debe alentarse nunca pues es una estrategia que fácilmente se sale de control. En una sociedad dividida y polarizada, como es la boliviana, la pérdida total de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones democráticas puede llevar en determinados momentos de tensión política a graves enfrentamientos en los que la espiral de la violencia sea difícil de detener.

En cierto sentido ya está sucediendo en las organizaciones sindicales afines al partido de gobierno, los “movimientos sociales”, los cuales ya no pueden realizar ninguna asamblea “orgánica” sin que estallen peleas y silletazos entre los bandos que disputan la representación oficialista. Se ha sustituido la deliberación y la votación por los golpes, los latigazos y las sillas que vuelan de un lado a otro buscando dañar al adversario.

Lo mismo está pasando con la multiplicación de los bloqueos en las principales carreteras del país, especialmente en el departamento de Santa Cruz, con los cuales se busca resolver desde demandas que corresponden al ámbito municipal hasta los conflictos políticos por el control partidario y la definición de las candidaturas del Movimiento al Socialismo.

Por ello es peligroso este escenario en el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional se sumerge en la confrontación violenta, pues en cierto sentido es el preludio de lo que puede pasar posteriormente en la propia sociedad. Muchos factores confluyen para producir estas circunstancias. El principal es que la mentalidad autoritaria prevalece en el país; aunque se hable mucho de unidad, paz y reconciliación, la verdad es que muy pocos creen de verdad en un sistema en el cual el poder está limitado por el estado de derecho. La mentalidad centralista y autoritaria constituye un elemento estructural de la cultura política y social boliviana, en la cual nunca se han aceptado plenamente las bases fundamentales de la democracia liberal.

En el fondo, quienes llegan a posiciones de autoridad quieren controlarlo todo, y las normas y las instituciones establecidas por las mismas para garantizar la participación de los ciudadanos y de los distintos departamentos que conforman el estado boliviano quedan como fachadas, puesto que al final del día quien tiene el cargo superior quiere el poder sin límites. La consecuencia es que estamos a poco más de un año de cumplir el Bicentenario de la Republica y seguimos sin integrar al conjunto de los bolivianos en una nación boliviana que reconozca y respete la diversidad y pluralidad de los pueblos que la conforman. 

Siempre nos consolamos diciendo que en Bolivia llegamos al borde del precipicio, pero nunca nos caemos, y, en cierto sentido, es asombroso lo rápido que el pueblo boliviano vuelve a la tranquilidad después de graves conflictos sociales. Esta es una apuesta muy peligrosa que además nos hace perder oportunidades y generaciones que siguen sin lograr el progreso social y económico que sólo una democracia que garantice plenamente las libertades ciudadanas les puede brindar.