Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 05 de marzo de 2024
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La aprehensión de Gabriela Zapata, expareja sentimental del también expresidente Evo Morales, estuvo rodeada de gestiones del Gobierno de ese entonces y en sus declaraciones ante el Tribunal que la juzga reveló que su aprehensión el 26 de febrero fue pactada entre su abogado Walter Zuleta y el propio Gobierno de Evo Morales.
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La aprehensión de Gabriela Zapata, expareja sentimental del también expresidente Evo Morales, estuvo rodeada de gestiones del Gobierno de ese entonces y en sus declaraciones ante el Tribunal que la juzga reveló que su aprehensión el 26 de febrero fue pactada entre su abogado Walter Zuleta y el propio Gobierno de Evo Morales.
“El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Walter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio porque ya estaba la vagoneta del ministerio de Gobierno esperando, voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican ‘vamos a esperar a la prensa’ (pausa) me sacan a los medios de comunicación indicando que tenía que estar tranquila que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero con esa detención”, dijo al tribunal en medio del sollozo la expareja de Morales.Este lunes, desde las 09:30 se instaló el juicio por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa en contra de Gabriela Zapata y otras 10 personas en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de la ciudad de La Paz, Zapata fue la última en brindar sus declaraciones y tuvo que responder las preguntas que le lanzó la presidenta del Tribunal.También declararon, el exabogado de Zapata, William Sánchez Peña, que estaba prófugo; Pilar Guzmán que dijo ser pariente de la principal acusada. El primero reveló que siete ministerios buscaron al hijo de Evo Morales e incluso desplegaron personal hasta Perú para impedir que se otorgue asilo.
Los ministerios
De acuerdo con la declaración del abogado Sánchez Peña, él viajó al Perú el 17 de mayo de 2016 y solicitó asilo de inmediato porque en Bolivia se había iniciado la persecución contra todos los que estuvieron involucrados en el caso del supuesto hijo de Morales.
“Vi que Héctor Arce y Álvaro García Linera dijeron que iban a denunciarnos ante el Ministerio Público, el 17 de mayo (2016) me acuerdo muy bien un periodista me llama y me dice ‘existe mandamiento de aprehensión en contra de usted’ y por supuesto yo agarro inmediatamente me pongo a buen recaudo, sí señora magistrada, porque no quería pasar lo que hoy muchos de los acusados han pasado, porque el abogado que habla en ningún momento habría cometido ningún delito”, atestiguó Sánchez Peña.
Explicó que en ese país acudió al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y fue entrevistado sobre las razones de su solicitud. Afirmó que el delito de trata y tráfico es delito de lesa humanidad, sin embargo, las autoridades peruanas constataron que no existía tal delito y que todo era una persecución política desatada desde la alta cúpula del Gobierno de Evo Morales.
“Por eso en el Perú se me ha otorgado el refugio correspondiente, porque consideraron que yo era un perseguido político, además tomando en cuenta de que (en la audiencia de otorgación de asilo) por parte de los denunciantes estaba el ministerio de Gobierno, el ministerio de Relaciones Exteriores, Transparencia a través de Valdivia, ministerio de Defensa, es decir estaban como siete ministerios y por supuesto allá decían ¿por qué están estos ministerios? justamente esa fue la acreditación de la persecución política que se me hizo ante el Perú”, relató el acusado.
Los ministerios de Justicia, Defensa, Presidencia, Transparencia, Cancillería, Educación y Salud trabajaron en todos los frentes del caso Zapata. El ministerio de Educación revisó las listas de alumnos de todos los colegios del país para verificar dónde estudiaba el supuesto hijo de Morales. El de Salud revisó todos los certificados de nacido vivo de los hospitales y clínicas para verificar este dato.
Justicia inició el juicio contra las 11 personas y designó al viceministerio de Transparencia para que sea la representante. Cancillería hizo campaña internacional contra los acusados para evitar los asilos que buscaron. El ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Ramón Quintana era el artífice de todo.
