“El Estado soy yo” es una expresión atribuida al monarca francés Luis XIV que, supuestamente, fue pronunciada ante el Parlamento de París en 1655. La veracidad del hecho está en discusión porque varios historiadores afirman que tal afirmación no figura en los documentos oficiales de aquella época.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, esas palabras han servido para describir un fenómeno recurrente en la vida política de muchas sociedades: la tendencia constante al poder absoluto y autocrático.

Independientemente de las ideas políticas que defienden, si es que existieren tales principios, las autoridades autocráticas no coinciden con pilares fundamentales del Estado de Derecho como son la independencia de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, el sometimiento a la ley, independientemente de que la norma sea favorable o adversa al régimen de turno, y los límites necesarios al ejercicio de la autoridad.

Lamentablemente, en el escenario político boliviano existen muchas manifestaciones de esa tendencia autoritaria, con ministros que imponen su autoridad por encima de los preceptos legales, acatan las sentencias cuando son favorables a sus intereses y, en circunstancias contrarias, hacen caso omiso, simple y llanamente porque lo ven inconveniente. En ese escenario, corresponde preguntarse: ¿El Estado es un ministro?

Al respecto, corresponde referirse a la orden judicial emitida por el Tribunal de Sentencia N°8, del distrito judicial de Santa Cruz, que dispuso el traslado del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, de Chonchocoro a Palmasola para que asuma defensa en el juicio por el llamado caso “Decretazo”. La disposición judicial fija la fecha del 11 de marzo para el inicio de las audiencias presenciales. Asimismo, la autoridad judicial ordenó que la Dirección de Régimen Penitenciario disponga escoltas y tome los recaudos necesarios para garantizar el traslado del privado de libertad.

Pasaron pocos días hasta que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, declaró públicamente que iba a desobedecer la orden judicial. "No vamos a poner en riesgo la salud, la vida y la integridad del pueblo boliviano y mucho menos la tranquilidad del departamento de Santa Cruz”, declaró la autoridad.

Es más, mencionó la existencia de un voto resolutivo de los detenidos en Palmasola que, supuestamente, rechazaban la presencia de Camacho en Palmasola; parece que la palabra de los detenidos pesa más que una disposición judicial. ¿Insinúa el ministro que el Estado es incapaz de preservar el orden y la paz social de una ciudad por la sola presencia de un detenido preventivo?

En el caso Camacho, el Gobierno y los parlamentarios “arcistas” han perdido el decoro. Premeditadamente dejan de lado la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a un juez natural. Otro grotesco ejemplo es la intervención del diputado Rolando Cuéllar en una audiencia virtual en la que advirtió a Camacho: “Con bastón vas a salir de ahí, el 2053 va a salir, 30 años de cárcel van a ser”.



Ciertamente, era poco probable que el Gobierno se someta a la ley, pero no deja de sorprender la desfachatez con la que han comenzado a actuar algunas autoridades, convencidas, posiblemente, de que el Estado es un presidente o un ministro, y nada es más falso. El poder es y siempre será pasajero.