El senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, alertó que, en el país se estaría gestando un “gobierno de los jueces”. Ante esta situación manifestó su preocupación por la persistencia de autoridades judiciales “autoprorrogadas” que buscan mantenerse en sus cargos y por los recientes intentos de toma de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por parte de grupos afines al partido en función de gobierno.
Durante su reciente intervención ante el pleno de la Cámara de Senadores, el asambleísta representante de Tarija, afirmó que en la presente coyuntura, la Asamblea Legislativa pasó a ser un tema secundario y próximamente el sistema judicial, se sobrepondrá incluso a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral.
“En poco tiempo ‘el gobierno de los jueces’ va empezar a ordenar este país en función de sus decisiones. Esta elección fue buena, estos son malos candidatos. Lo que se tenga que resolver en el Parlamento lo van a resolver ellos”, advirtió Paz.
En criterio del Senador de oposición, el problema central para que esta realidad sea posible, radica en la relación cercana y directa entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, misma que provoca que los demás Poderes del Estado queden relegados a un segundo plano.
Asimismo, afirmó que esta nueva realidad hace que la visión popular sobre la desconfianza hacia ciertas instituciones cambie y se enfoque en nuevas amenazas para el ciudadano.
“En Bolivia no le tienen temor ni a la Policía ni a las Fuerzas Armadas más que a la justicia, hay más miedo a caer en manos de la justicia que en las manos de la Policía o de las Fuerzas Armadas”, aseguró.
Los cuestionamientos de Paz responden a lo señalado en febrero por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, quien sostuvo que la ALP debe avanzar en el debate, sobre las elecciones judiciales, respetando la disposición del TCP respecto a la prórroga de las actuales autoridades judiciales.
“Deben respetar aquello que se ha resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la declaración 0049/2023 que es de cumplimiento vinculante y obligatorio para todos los órganos del poder público y para todos los ciudadanos”, expresó Jaimes, puntualizando que toda disposición en esos términos debe ser acatada con las debidas consideraciones.
En enero, el TCP emitió el auto Constitucional 036/2024 en el que se dispone que la Asamblea Legislativa está en la obligación de acatar la sentencia constitucional 049/2023, sobre la prórroga de magistrados y concejeros del Órgano Judicial.
“Con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de Ley 144/2022-2023 ‘Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024’… debe acatar la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 del 11 de diciembre”, señala el texto de la resolución.
En ese entonces, Jaimes explicó que más allá de los debates sobre proyectos relacionados a las elecciones judiciales, no es correcto que aquello que ha sido declarado inconstitucional sea nuevamente reconsiderado en la ALP.
Esta semana, el debate en la Cámara de Diputados entre “arcistas”, “evistas” y la oposición, se enfocó en la discusión para el tratamiento prioritario de proyectos de ley contra la prórroga judicial y nuevos créditos internacionales para el país, situación que derivó en bochornosos escenarios de confrontación y agresiones físicas entre legisladores.
Asambleístas del ala “arcista” exigían aprobar con prioridad los créditos remitidos por el Ejecutivo para después tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga judicial, en tanto que, el pedido del “evismo” y la oposición fue modificar el Orden del Día para primero tratar las normativas antiprórroga y posteriormente los créditos.
Finalmente, después de un prolongado cuarto intermedio caracterizado por peleas y todo tipo de agresiones entre legisladoras, el viernes se aprobaron seis de los créditos en agenda, dejando en manos del pleno del Parlamento el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075.
El presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, dijo que al existir una carta remitida por el titular del Senado al vicepresidente, David Choquehuanca, para que convoque a sesión del Legislativo, tomando en cuenta que Diputados no trató estas normativas en los plazos establecidos, corresponde que el pleno de la ALP las considere.
El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado” establece la “Nulidad de Pleno Derecho”, y “deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; además de establecer que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.
El Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional a partir del 2 de enero de 2024, garantizando la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.