Como todo lo que rodea al gobierno del presidente Vladimir Putin, el misterio y las dudas envuelven este caso, más aún luego de develarse que había negociaciones avanzadas para un canje del sicario del espionaje ruso Vadim Krasikov por Navalny y dos estadounidenses. Hubo pronunciamientos, represión y decenas de detenidos que intentaron dejar flores y rendir homenaje a quien fue considerado el crítico más acérrimo del Kremlin, un preso político cuyo nombre Putin se negó a pronunciar.

Casos como el de Navalny están presentes en muchos países del mundo, desde Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko, con más de 30 años en el poder y 1400 presos políticos, anunció que irá por un nuevo mandato, hasta Latinoamérica, donde las dictaduras y el crecimiento del autoritarismo desnudan el deterioro más puro del estado de derecho.

El fenómeno del preso político es difícil de cuantificar, porque  existen varias maneras de definirlo, como explica la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. “Trabajamos sobre la base del derecho internacional, en primer lugar al analizar que ha habido una persecución de opositores, es decir el derecho a participar en elecciones libres y justas, a la posibilidad de no elegir y ser elegido siendo restringida de alguna manera. También del otro lado, violaciones relacionadas con detenciones arbitrarias”.

Sin embargo, en un reciente artículo Miguel Ángel Martínez, analista y profesor de Estudios Políticos, contabilizó aproximadamente 1700 presos políticos en la región, con base en reportes de organismos internacionales que verificaron los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En esta cifra se incluye sorprendentemente a Bolivia, donde Global Human Rights League identificó unos 279 encarcelados, hasta el 31 de octubre de 2023.

La ONG Prisioners Defenders estudia en forma minuciosa la situación en Cuba y actualiza diariamente la lista de presos políticos. Soporta su análisis en “pruebas jurídicas y testimoniales notorias, de primera mano, donde prevalece la ausencia total de violencia y delitos penales en sus actos” y establece tres categorías: convictos de conciencia, condenados de conciencia y otros presos políticos. Aunque la ONG aclara que la lista es muy restringida pues solo contempla a quienes han sido reclamados por grupos organizados de derechos humanos, hay “miles de presos de conciencia y políticos que, de forma anónima, no son reclamados por organización alguna”.

En Cuba las inéditas protestas antigubernamentales de 2021 pusieron nuevamente en el mapa las causas populares, pero no lograron cambiar mucho las condiciones de la isla. Pero sí provocaron el incremento de presos políticos que tras la represión pasaron de 150 a 955 en diciembre de ese mismo año.

En Nicaragua, los patrones represivos no han cedido. Luego de la excarcelación y posterior destierro de 222 presos políticos, en febrero de 2023, organizaciones de derechos humanos han seguido reportando allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y capturas. Según el Mecanismo de Reconocimiento para Personas Detenidas actualmente existen 121 personas reconocidas como presas políticas: 19 mujeres y 102 hombres y solo entre el 1 y 31 de enero de 2024 “se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos”.

Esta lista se sostiene con la información de organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas  políticas,  abogados  defensores, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, aunque la organización aclara que solo “se incluye a las personas de quienes se obtuvo acceso y/ autorización de sus familiares para su publicación”. 

En Venezuela, el Foro Penal contabiliza hasta febrero de 2024 unos 264 encarcelados. Además esta organización, a través de sus directores Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, aporta el “Manual de Litigio Estratégico. La Lucha Contra la Represión Política”. Se trata de una fórmula especial pensada en abogados y activistas que “funciona no solo para Venezuela, sino para todos aquellos países con regímenes que, para ser efectivos, como muchos lo han sido (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, China) actúan estratégicamente con una especie de ‘plan de juego’ o “playbook” que consolida la represión como una estrategia de control político”.

En diciembre de 2023 el régimen de Nicolás Maduro concretó un intercambio de prisioneros producto de una negociación política con Estados Unidos. Washington dejó en libertad a Álex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano, y Caracas entregó a 10 estadounidenses. Además se acordó la liberación de al menos 20 venezolanos detenidos por razones políticas.

En un hecho más reciente, el 9 de febrero, la activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue arrestada bajo acusaciones de conspiración y hasta ahora su situación es incierta pues aún no cuenta con una defensa privada. Junto a ella también retuvieron a cinco de sus familiares, a quienes luego otorgaron medidas sustitutivas de libertad.

Las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial y los retrasos en el proceso son prácticas comunes en países en dictadura. Pero también se presentan, con algunos matices, en países con gobiernos democráticos aunque con un claro deterioro del Estado de Derecho.

A principios de este año, la justicia boliviana amplió por novena ocasión la detención preventiva de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, quien, en la crisis de 2019 y ante la renuncia de Evo Morales, asumió el poder como opción en el orden de sucesión establecido en la Carta Magna. Está condenada a 10 años por delitos como “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, y tiene activos otros procesos en la justicia ordinaria por terrorismo, sedición y conspiración.

Está en la cárcel desde marzo de 2021 y ella se considera una prisionera política del gobierno del izquierdista Movimiento Al Socialismo, aunque tanto Morales como el actual presidente Luis Arce niegan la acusación.

 En su informe anual, Human Rights Watch señaló que el Gobierno boliviano aplica en exceso la detención preventiva. Además del caso de la expresidenta, señala la detención del opositor Luis Fernando Camacho, preso desde 2022, y del líder cocalero César Apaza, liberado recientemente luego de someterse a un juicio abreviado, en el que denuncia la  vulneración de sus derechos.

Para Franco Albarracín, abogado e investigador especialista en Derechos Humanos, en los países con democracias debilitadas se identifica mayores restricciones a la libertad de expresión y reducción del espacio cívico. Y en el caso de Bolivia además define la figura de ‘preso de conciencia’. “Es una persona que no ha ejercido un acto de violencia o protesta y que más bien a través de una resistencia pacífica ha podido realizar un cambio respetando los derechos humanos y es justamente  a ellos a quienes los gobiernos autoritarios hacen lo posible para encarcelarlos o perseguirlos”.

“Hay un claro contexto de persecución política porque se producen detenciones por denunciar o tener creencias diferentes”, añade el experto, que ha tenido una amplia experiencia con exiliados y perseguidos en épocas de dictadura.

Justicia sometida

Como dice Goebertus, “no necesariamente en todos los países donde vemos restricciones a la separación de poderes hemos identificado presos políticos, pero en todos los países donde hay presos políticos no hay separación de poderes”. Para la representante de HRW se trata de un fenómeno cada vez más fuerte en América Latina.

En Nicaragua los encarcelados bajo el régimen de Daniel Ortega están en condiciones inhumanas porque incluso se han reportado afecciones sanitarias debido a una plaga de chinches en varias cárceles. Y respecto a los procesos, la situación es igual de preocupante pues desde mediados de 2023, los juicios contra los presos políticos se realizan mediante videoconferencias y ellos los presencian desde sus celdas sin la posibilidad de comunicarse con sus abogados, como denuncia la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Esta organización denuncia también que hay vigilancia y persecución contra los pocos defensores que se arriesgan a asumir estos casos.

UDJ devela que los interrogadores del Sistema Penitenciario y los agentes de la Policía Nacional participan en forma coordinada. Torturados, muchos sin acusaciones formales en su contra e incomunicados, los presos políticos de Nicaragua permiten al régimen de Ortega mantener la intimidación constante contra sus opositores.

Desde su experiencia en la defensa de presos políticos, el abogado y miembro de la Organización Vente Venezuela, Perkins Rocha, coincide en que hay un “sistema corrompido que vive de comercializar con la libertad y la vida”. Se refiere  específicamente al caso venezolano y denuncia que  existe una diferencia en el sistema de represión de hace año y el de ahora, que es mucho más “perverso, sofisticado y complejo” porque hay un mayor involucramiento del sistema judicial y los operadores de justicia. 

“Se escoge a la persona o grupos de personas, la represión se ha hecho selectiva con una apariencia de legalidad que es el soporte inteligente del régimen y esconde lo que se puede calificar como fraude porque utiliza las armas y procesos legales para lograr objetivos distintos a los que tutela la ley que son la vida, y la libertad (…). Y la fuente de las detenciones recae ahora en manos de abogados del Ministerio Público para que sea la Fiscalía la que justifique estos asuntos pública e internacionalmente”.

Ante la certeza de que el sistema judicial no responde por estar sometido al poder de turno, los presos políticos y defensores de derechos humanos acuden a instancias internacionales para visibilizar sus casos aunque pocas veces lo logran. “Hay que insistir y no abandonar”, dice Juanita Goebertus, de HRW, aunque reconoce también que “incluso países democráticos prefieren no tener el control del sistema interamericano y han dado pasos para erosionar su capacidad de tomar decisiones. Hoy puede ser un sector político el que es víctima de este tipo de actos y el día de mañana puede ser otro”. 

Excarcelados y aún sin libertad

El abogado Rocha, quien ha vivido de cerca la situación de los familiares de presos políticos, asegura que el proceso en todos sus momentos es doloroso y difícil de sobrellevar. “Con el tiempo se habla de adaptación, algo que parece realmente dantesco porque lo que se vive son niveles de tortura que son psicológicas al inicio y luego físicas. Hay mucha incertidumbre al inicio de la detención y luego aparece  el fiscal en conferencia de prensa para justificar con tramas como capítulos de una novela, pero en ese momento los familiares y los abogados respiramos profundamente con algo de alivio porque quiere decir que ya reconocen públicamente que el  familiar o el defendido existe y no está desaparecido”.

Lograr la excarcelación tiene como punto más alto el reencuentro de las familias, porque el entorno cercano del preso político sufre también la vulneración de sus derechos con denuncias cada vez más frecuentes de acoso, intimidación y violencia. Es una resistencia obligada al silencio con la esperanza de justicia.

Pero salir de la cárcel no les garantiza necesariamente libertad a los presos políticos.“Es un proceso complicado y varía dependiendo de muchos factores. Si se mantiene el régimen, si el contexto político no ha cambiado, existe el miedo constante de una nueva detención y esa persona no se va a sentir totalmente libre. Mientras permanezca el gobierno que lo ha detenido de manera injusta, no podrá ejercer sus derechos, ni trabajar, ni hacer activismo con total libertad”, explica Albarracín.

Exiliados, asimilando una libertad ficticia o tras las rejas, los presos políticos simbolizan la resistencia contra el tiempo, el abandono y el silencio. Una historia, un Navalny más, una resistencia menos, en cualquier lugar del mundo.